LMR, la muchacha violada en La Plata, y su familia, han sido víctimas del inconmovible pacto que existe entre la Iglesia y el poder político y judicial. Este pacto, firmado sobre el cuerpo de las mujeres, hace que el Estado no tolere la interrupción del embarazo ni siquiera en los casos en que el Código Penal lo autoriza.

La legalización del aborto ha vuelto a colocarse como una reivindicación que atañe directamente a la vida y la salud de las mujeres que no gozan de los beneficios de la medicina privada.

El ministro de Salud bonaerense reconoció que hay por lo menos 100 internaciones diarias en los hospitales públicos de la provincia por abortos incompletos. Y que el 40 por ciento son menores de entre 14 y 25 años. A ellas, hay que sumarles centenares de niñas de entre 10 y 14 años que se internan ¡con aborto incompleto! cada año (Hoy, 7/8). La alternativa del gobierno bonaerense fue organizar una encuesta domiciliaria… para conocer la amplitud del fenómeno. Es lo más que pueden ofrecer. ¿Necesitan más pruebas las y los propagandistas del kirchnerismo que sostienen que sectores del gobierno impulsarían la “flexibilización” de la legislación sobre el aborto?

El amplio arco que va desde Solá y Ginés hasta las dirigentes de la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto denuncian la intromisión de la Iglesia y la complicidad de la Justicia.

No logran ocultar, sin embargo, que el principal responsable de esta privación de derechos sobre LMR y sobre millones de mujeres que abortan en la clandestinidad es el gobierno. Un gobierno que no garantiza la anticoncepción, que le entrega la educación sexual a la curia y que ha jurado en el mismísimo Vaticano que el aborto seguirá siendo ilegal. Un gobierno cuyos parlamentarios arguyen que son incapaces de garantizar hasta el cumplimiento de la mezquina Ley de Derechos Reproductivos para justificar su voto por la anticoncepción quirúrgica. Un método irreversible que está destinado, como ellos mismos reconocen, sólo a las mujeres pobres.

Este caso también actualiza el debate acerca de si tiene algo de progresivo impulsar proyectos parciales de despenalización, como los que hay en el Congreso. Los únicos abortos “legales” que se tramitan sin que los impida la Justicia son los que se hacen en la privacidad de las prepagas. Incluso cuando el hospital no pide permiso —como en La Plata– entra de oficio, para hundir el caso en la maraña judicial, alguna Defensoría de Menores, que no defienden ningún menor vivo pero se desvelan por los que no existen.

¿Para qué sirven los proyectos de legalización parcial, que por otra parte ni siquiera se discuten? Si fueran aprobados, chocarían con los mismos obstáculos con los que chocaron LMR y tantas otras. El señuelo de la despenalización parcial sólo sirve para desviar al movimiento de mujeres del programa que votó durante dos décadas en los Encuentros Nacionales: la despenalización lisa y llana del aborto y su inclusión como práctica gratuita en el sistema de salud.

Llamamos a las compañeras que han confiado en la Campaña Nacional por la Despenalización del Aborto a hacer un balance. ¿Adónde las condujeron “las estrategias legales para luchar por la despenalización”? A la nada misma. A la misma hora en que se anunciaba que el embarazo de LMR seguiría su curso, diputadas, dirigentes de la Campaña y funcionarias del “área mujer” celebraban un seminario internacional sobre el tema en el Congreso. ¡Qué muestra de impotencia, cuando no de complicidad! Es hora de romper con las ilusiones en el gobierno y con el franeleo parlamentario.

Es hora de luchar por esta reivindicación como se lucha por cualquier otra. Denunciando al gobierno que avasalla nuestros derechos. Con una enérgica agitación en los barrios, centros de estudio y de trabajo. Convocando a miles de mujeres para que el 28 de septiembre sea una jornada de lucha callejera.