El pasado domingo, 6 de febrero, Susana Sosa recibió una brutal golpiza en su domicilio del barrio Costa Azul en la localidad cordobesa de Carlos Paz, horas después falleció. El responsable del femicidio es Miguel Nicolás Garay, exyerno de la víctima.

Según testimonios de vecinos a medios locales el desenlace fatal podría haberse evitado, ya que Garay estuvo hostigando a Susana y su  hija durante toda la madrugada del domingo. “Escuchamos todo desde la madrugada porque somos vecinos. El tipo fue y vino toda la noche hasta que sucedió lo peor cerca del mediodía”.

Conforme al relato de la pareja, que vive en la casa lindante, la primera escena se desarrolló cerca de las 3 de la mañana cuando Garay se acercó al domicilio de la víctima alcoholizado, propinando insultos y agresiones, arrojando piedras y tirando la cerca. A las 8 de la mañana volvió más agresivo y rompió un vidrio y luego regresó, cerca del mediodía, para propinarle la feroz paliza que terminó quitándole la vida a Susana, en momentos en que Liliana (hija de la mujer asesinada y expareja del agresor) no se encontraba en el domicilio por haber salido a hacer la denuncia.

Eran sobrados los hechos para que la policía y la Justicia actuaran preventivamente y con celeridad, no obstante, el abandono de Susana fue total. Luego de las múltiples denuncias de los vecinos, la policía se acercó al domicilio excusándose de que no podía hacer nada ya que no había denuncias previas, ni orden de la Justicia.

Este femicidio marca a las claras la responsabilidad del Estado. El asesinato de Sosa podría haberse evitado. La ministra de mujeres y diversidades, Claudia Martínez debe rendir cuentas frente a este lamentable hecho que suma una nueva víctima a la lista negra de femicidios en nuestra provincia.

Resulta que con un ministerio vaciado y con un personal ultraprecarizado no se puede dar respuestas al incremento de la violencia de género y los femicidios. Es evidente que la salida a todas nuestras demandas no va a venir de la mano de esta institución que depende del Poder Ejecutivo, encargado de encubrir abusadores, como lo hizo con el exdirector de defensa civil, Diego Concha, responsable de la muerte de Luana Ludueña.

Por todo esto el 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, debemos ganar nuevamente las calles contra toda forma de opresión y violencia. Por un Consejo Autónomo de Mujeres y diversidades y un fuero único y especializado en violencia de género, con cargos electos y revocables, que pueda efectivamente dar respuestas a todas nuestras demandas. Justicia por Susana y todas las víctimas de femicidio, ni una menos el Estado es responsable.

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