Una niña de 12 años dio a luz en el Hospital Centenario de Rosario en el mes siete de gestación. Oriunda de la localidad de Casilda, al sur provincial, recibió los primeros controles en el hospital San Carlos de la zona pero al nacer el bebé prematuro debieron derivarla a un hospital rosarino. No se activó el protocolo de interrupción legal del embarazo.

“En la Argentina hay 700 mil nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años (en algunas provincias equivale al 25%) y más de 3000 son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de esas mujeres adolescentes no planearon ese embarazo” (Fondo de Población de las Naciones Unidas). La provincia de Santa Fe está atravesada por esta realidad, mal que les pese a los partidos patronales que gobiernan la provincia, que quieren presentar la idea de que aquí rige una especie de modelo a seguir en materia de salud sexual y reproductiva.

La realidad es que han fracasado -o son casi nulas- las políticas de protección de las infancias y adolescencias y esto se demuestra en que no hay una aplicación de la Educación Sexual en las escuelas que pueda dotar de instrumentos a lxs niñxs para reconocer las situaciones de violencia y desarrollar de manera plena su sexualidad. Tampoco dispositivos sobre la aplicación del protocolo ILE al que la provincia adhiere, que contempla los abusos sexuales en menores, y en este caso debiera haberse activado al instante. La Organización Mundial de la Salud declaró reiteradas veces el peligro en que conllevan los partos en la infancia porque el cuerpo de lxs niñxs naturalmente no está preparado para el trabajo de parto, e indica entre los riesgos de las menores embarazadas, además de las enfermedades de transmisión sexual, la hipertensión y la fístula obstétrica.

El colectivo de mujeres “Ni Una Menos” de la localidad de Casilda visibilizó la situación de violencia que atraviesa esta niña y denunció que el caso se conoce desde julio, cuando la pequeña cursaba el sexto mes de gestación. En ese momento dieron alerta al área gubernamental de niñez municipal, que no tenía conocimiento del caso y tampoco hizo un seguimiento con posterioridad. La investigación de lo ocurrido ahora está en manos del fiscal Emiliano Ereth.

Se investiga si la nena convive en un entorno violento y si el embarazo es producto de una violación intrafamiliar, en una investigación brutalmente negligente porque mientras tanto la niña continúa al amparo o desamparo de esa situación. Según informan quienes siguen de cerca el caso aún no se le realizó la Cámara Gesell a dos meses de haberse radicado la denuncia. La niña es retraída y se muestra reticente a contar qué fue lo que sucedió. Es urgente que se avance en este sentido ya que la niña debe poder correrse de su entorno y acceder a las herramientas de contención para contar finalmente qué fue lo que sucedió.

Esto es inseparable de la falta de instrumentos para realizar una evaluación crítica de las propias vivencias, herramientas que provee la educación sexual laica y científica, como ha quedado demostrado en numerosos casos de relatos en el aula sobre abusos sufridos en el marco de las clases de ESI, que dan un marco para que lxs niñxs puedan comunicar lo que les sucedía en su entorno a partir de los encuentros.

Las dificultades para su implementación es resultado de una orientación del régimen político, que pactó levantar un muro de silencio desde que la Ministra de Educación del Partido Socialista, Adriana Balagué, acordara en una reunión mantenida con los Arzobispos de las principales ciudades de Santa Fe que en la provincia se respetaría el marco de componendas actual, según el cual cada institución “da ESI” según lo que fija el artículo 5to de la Ley Nacional “siguiendo su ideario institucional”. Favorecen la formación de personas que reproduzcan las condiciones sociales de dominación. Por marcar un aspecto de esto, la mayoría de las chicas que son madres en su etapa previa o en la adolescencia no completan sus estudios secundarios y se ven relegadas a las tareas domésticas y de cuidado.

Infancias en peligro

La madre de la niña manifiesta que el embarazo fue producto de una relación entre su hija y un adolescente de 14 años. Si este fuera el caso, se pone de manifiesto también la falta de formación para una sexualidad libre, dando lugar a una situación en que las niñas y adolescentes se llevan la peor parte poniendo el cuerpo para maternar o arriesgando su vida en un parto.

Un dato poco conocido es que muchas obras sociales rechazan cubrir la atención de este tipo de embarazos, porque la normativa interna no contempla cubrir los gastos de atención de los embarazos y los partos en la infancia, obviamente por los riesgos que implica la práctica para la salud y la vida de la niña.

Este nuevo caso de maternidad forzada deja en evidencia el abandono del Estado hacia las mujeres, infancias y adolescencias en un contexto de crisis económica y social que se ve cada vez más agravada por la pandemia y la orientación capitalista del gobierno de Alberto Fernández.

Este 28S en el día de América Latina y el Caribe por el derecho al Aborto salimos en todo el país a las calles para decir: ESI laica y científica ya. Separación de las Iglesias del Estado. ¡Niñas, no madres!