La nueva etapa del caso Lucía Pérez se abre con provocaciones y ataques a familiares de víctimas y al movimiento que lucha por justicia para Lucía.

La Fiscalía general de Mar del Plata y la familia de Lucía, a través de su abogado Gustavo Marceillac, apelaron la sentencia del Tribunal Oral N° 1, con sobradas muestras de arbitrariedad y desatención a las pruebas presentadas durante el juicio. Se inaugura así una nueva etapa en la lucha por justicia que viene en ascenso desde el día en que se conoció el fallo: con una movilización que no cedió durante horas, seguida de otra concentración al día siguiente y luego por el paro de mujeres con movilizaciones en, al menos, 30 ciudades del país.

El movimiento de mujeres y la juventud en particular, están sacando conclusiones. La lucha no es por una víctima y contra tres femicidas. Es contra un régimen y el régimen responde con la descomposición que lo caracteriza.

Magistradxs y abogadxs contra las víctimas

En este marco, el Colegio de Magistrados de la ciudad y un grupo de abogadxs penalistas, amparados por su colegio, salieron a atacar públicamente al movimiento de mujeres en un intento por deslegitimar el repudio popular al fallo absolutorio para los femicidas y disciplinador para las mujeres y la juventud.

A principios de diciembre, el Colegio de magistrados y funcionarios de Mar del Plata repudió “hechos violentos” y “amenazas de muerte” contra los miembros del tribunal y sus familias (La Capial, 06/12). Sin embargo, mientras que en su texto piden que no se hagan denuncias mediáticas, los magistrados no realizaron denuncias por los canales institucionale. Se trata de otro ataque a la movilización popular que en todo el país repudia el fallo y exige justicia para Lucía.

Pocos días después, primero por carta y luego en una conferencia de prensa (La Capital, 17/12), retomó los ataques un grupo de abogadxs encabezado por la abogada de la curia, Patricia Perelló. Estxs afirmaron que grupos “minoritarios” intentan acallar la verdad y la razón y llamaron al Estado a condenar escraches y señales de repudio provenientes de aquellos que gustan de las historias “truculentas”.

Alcanza una mirada a la foto de lxs abogadxs participantes y a las firmas de la carta para entender por dónde vienen los ataques: defensores de las peores lacras de la ciudad, que ahora se agrupan para atacar a las familias de las víctimas que dejan sin justicia. Como muestra, vale señalar que Patricia Perelló es la abogada de los policías que secuestraron, violaron, torturaron y asesinaron a Natalia Melmann y a los que les consiguió beneficios, prisión domiciliaria y salidas transitorias. También defendió a la docente Analía Schwartz, acusada de seis casos de corrupción de menores y nueve de abuso sexual contra niñxs de nivel inicial de los colegios Gianelli (Hermanas del Huerto) y Fleming. ¡Schwartz fue absuelta por el mismo tribunal que absolvió a los femicidas de Lucía!

Merece un paréntesis señalar que Perelló sostiene el falso principio de que lxs niñxs pueden fabular sobre aquello que desconocen y que los padres “sobredimensionan” el tema del cuidado del cuerpo, llevando a sus hijxs a decir “disparates” en la Cámara Gesell. Así, intenta colocarse como abanderada de la docencia, víctima de falsas denuncias. Una maniobra macabra que se vale de la lucha docente para desligitimar a las víctimas y encubrir la pedofilia en escuelas religiosas. En sus espaldas no solo tiene a la iglesia, sino también al Estado, pues hace unas semanas fue nombrada miembro del Consejo Consultivo para la defensa de los derechos de docente de la provincia de Buenos Aires, junto con el ex secretario de Educación de la provincia, Mario Oporto, y bajo la presidencia de Lorenzino (Página/12, 01/12).

Ante los ataques, más organización

Familiares de víctimas de la ciudad se reunieron en repudio a la carta de lxs abogadxs y redactaron un documento titulado “Los jueces hablan por sus fallos”, que al momento tiene el aval de más de cincuenta familiares, entre ellos los padres de Yésica Parra (que enfrentaron una pena de dos años de prisión por escrachar al hombre que atropelló y mató a su hija), más de 20 padres y madres de niñxs de los colegios Gianelli-Fleming, el padre de Paulina Lebbos de tucumán, el de Natalia Melmann, las mamás de Lucía Bernaola, de Franco Beltrán y de Lucía Pérez, por nombrar sólo algunos. Acompañan además, organizaciones de familiares de víctimas de distintos puntos del país.

En su documento denuncian la “teatralización” que quieren imponer lxs abogadxs y el intento de convertir a las víctimas en victimarios y a lxs abogados en víctimas. Esta instancia de solidaridad y organización colectiva de familiares de víctimas se suma al inmenso desarrollo que está atravesando al movimiento de mujeres en todo el país en la lucha por justicia para Lucía.

La lucha que se inicia en Casación y la avanzada de estos grupos encubridores que se alzan para perpetuar el sometimiento y la violencia, plantean la necesidad de un movimiento de mujeres independiente que rodee y fortalezca la lucha de la familia. Reforcemos la organización de las mujeres en asambleas y desenvolvamos una gran campaña nacional exigiendo justicia por Lucía e investigación de toda la trama de complicidades y encubrimientos.

Cárcel efectiva para los femicidas de Natalia Melmann. Justicia para lxs niñxs del Gianelli – Fleming y todas las víctimas de violencia social y estatal. La fuerza del movimiento de mujeres y diversidad está intacta como se vio en la calle estos días y como demuestra la reacción siniestra de los representantes del régimen.

Hoy más que nunca: ¡Fue un femicidio! ¡El Estado es responsable!