08/09/2016 | 1427

Caso Sandra Cabrera, Estado e impunidad


El 27 de enero de 2004, Sandra Cabrera apareció asesinada en la ciudad de Rosario con un balazo de 9 milímetros en la nuca. En 2003 había ido a la sede de ATE Rosario para realizar denuncias contra la policía provincial y la Policía Federal. Por entonces, las denuncias fueron giradas al subsecretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, Diego Giuliani; al gobernador del PJ, Jorge Obeid, y al jefe de seguridad personal de la Policía de Santa Fe, comisario Aguilar.


 


Luego de las denuncias, colocaron una custodia permanente frente a la casa de Sandra. A pesar de esta custodia apostada en la puerta, fue ferozmente golpeada en su domicilio en diciembre de 2003.


 


Sandra Cabrera ejercía la prostitución en la zona de la terminal de ómnibus. Allí combatía a los policías que les quitaban parte del dinero coimeándolas bajo la amenaza de detenerlas si no cumplían con la exigencia.


 


El hostigamiento de la división de “Moralidad” tenía por objetivo el desplazamiento de la zona de la terminal de las mujeres que ejercían la prostitución. Las hostigaban, las maltrataban, les quitaban dinero, las hacían vender droga. La tarea realizada por la policía era a cuenta de proxenetas que regenteaban el negocio de la explotación sexual y el narcotráfico en prostíbulos. Dichos proxenetas explotaban a mayores y menores de edad. Chicas de 12 años eran recluidas en las inmediaciones de la estación, bajo la protección de la Policía Federal y de la provincial. Estos hechos fueron centralmente denunciados por Sandra, que, por entonces, había llegado a ser la secretaria general de la Asociación de Meretrices (Ammar) de Rosario.


 


El asesinato ocurrió en 2004. El ex gobernador Obeid fue sucedido en el gobierno por el “socialista” Hermes Binner y la fiscal Graciela Tessio, como vicegobernadora. Hasta hoy sigue gobernando el Frente Progresista Cívico y Social, que integra el Partido Socialista, pero la impunidad continuó: en 2007 fue sobreseído el único imputado en la causa, un ex oficial de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, Diego Víctor Parvluczyk.


 


El juez Artacho basó su decisión de sobreseer al único policía imputado en el pedido del abogado defensor. El fiscal de la causa apoyó este pedido. Uno de los argumentos centrales fue que la palabra del imputado (Parylucyck) era confiable por tratarse de un policía, mientras que la de Sandra no, por ser una prostituta.


 


Crecimiento del narcotráfico y la trata


 


El operativo de encubrimiento en el caso Cabrera partió desde muy arriba del poder, ya que involucraba un negocio millonario de explotación sexual y narcotráfico, y tocaba a encumbrados funcionarios policiales que sólo pueden actuar con la anuencia del poder político y judicial. El gobierno kirchnerista y el gobierno de los “socialistas” deben ser sentados en el banquillo de los acusados por el asesinato y el encubrimiento de este caso.


 


Por entonces, el jefe de la Federal era Aníbal Fernández, un hombre de las fuerzas represivas que estuvo siempre cerca protegiéndolos.


 


En Rosario, la impunidad del caso Cabrera abrió las puertas al desarrollo desenfrenado del delito de la trata y del narcotráfico, que luego terminó con la vida de decenas de pibes, con la vida de madres que luchan contra el paco y que potenció el negocio de la explotación sexual, que no tiene límites en la ciudad.


 


La zona portuaria, la miseria social que no deja de acrecentarse, la falta de opciones, el incremento de las mafias, de la trata y el narcotráfico, son el caldo de cultivo de un negocio que mueve millones en la ciudad y que se desarrolla con total impunidad. Tiene como víctimas a miles de mujeres que son perseguidas y atormentadas por proxenetas y por el propio Estado a través de la policía.


 


Lucha contra el Estado  y organización independiente


 


En este cuadro, la discusión sobre la modalidad de legalización monotributista de la prostitución que impulsa la actual conducción de Ammar desvió la lucha contra el Estado hacia un coqueteo con él y sus representantes. Lo que se presenta como una salida no constituye más que una total ilusión: se usará esa demanda justamente para encubrir a los explotadores como los que terminaron con la vida de Sandra.


 


Durante todos estos años el país habló de Marita Verón. Su caso fue extensamente utilizado por el gobierno anterior para encubrir el crecimiento de la trata y demostró su falta de voluntad política por parte del gobierno de terminar con alguna red, incluso con aquella que desapareció a la propia Marita, que hoy goza de completa impunidad.


 


La condición de prostituta de Sandra hizo que el Estado la volviera a silenciar, dando la espalda a su caso, que lo compromete tanto o más que el caso Verón. Luego de su asesinato, Santa Fe asistió a un desfile de desapariciones y bandas de tratantes que nunca pagaron por sus delitos, entre ellas la que opera aún en el norte de Santa Fe de la mano de los Núñez, responsables del secuestro de las jóvenes María Cristina Gamarra y Romina  Ojeda. A esa red la encubrió, entre otros, la ex vicegobernadora y fiscal provincial Graciela Tessio, que tuvo a cargo el caso.


 


La trata y la explotación sexual no existen meramente porque haya clientes. Existen clientes (llamados a ocupar ese lugar desde la educación en el hogar y en las instituciones) y existe explotación sexual porque esta actividad reditúa pingües ganancias para funcionarios del Estado, policías, servicios de inteligencia y empresarios.


 


Sólo puede haber trata, narcotráfico y explotación sexual porque el Estado participa activamente en ellas. Sin su participación directa esas actividades no podrían existir.


 


A doce años de su asesinato, desde el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario debemos tomar con fuerza las banderas de lucha por justicia para Sandra Cabrera.


 


Juicio y castigo a los responsables de su asesinato y a los encubridores.


 


Basta de impunidad, exigimos que se conozca la verdad en el caso de Sandra.


 


Abajo los códigos con cláusulas persecutorias contra las mujeres que ejercen la prostitución.


 


Desmantelamiento de las redes de trata y narcotráfico.

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