Los casos de abuso y violación atraviesan transversalmente a la sociedad sin hacer distinción de género ni edad; sin embargo, como todos los flagelos del sistema capitalista que nos gobierna, afecta más profundamente a la clase trabajadora y posee un efecto colateral, que no sólo daña a la víctima y a su entorno, sino que sienta todo un precedente en la comunidad y en el sistema judicial que alienta a que este tipo de situaciones sigan produciéndose.

Este es el caso del abuso sexual padecido por un adolescente en el departamento de Andalgalá, que hace ya tres años viene luchando contra un sistema encubridor que permite que curas violadores, como Renato Rasgido, permanezcan en libertad e incluso tengan posibilidades de salir absueltos; y contra una Iglesia que cuenta entre sus filas con pedófilos que valiéndose de su prédica de fe vulneran a jóvenes y niños.

Estado e Iglesia no sólo apañan estas situaciones sino que utilizan sus recursos, que son nuestros recursos, para contratar abogados amigos del poder y lograr la libertad de los acusados, para comprar la dignidad de las víctimas y para poner a la comunidad en contra de los propios abusados; por eso, rescatamos la valentía de las madres de las víctimas de los abusos cometidos por curas -Alicia (Andalgalá) y Alejandra (Belén)-, al denunciar este hecho frente a un Estado que juega con una doble moral de bien común y de cómplice, al mismo tiempo en una sociedad muy influida por la Iglesia y la religión.

Ni iglesia ni Estado están interesados en resarcir el daño moral y psicológico que se ha causado; por el contrario, se ocupan de encubrir y pasar por alto los graves hechos ocurridos, así mientras en sedes judiciales las víctimas deben asistir y revivir todo lo ocurrido, a unas pocas cuadras en el Obispado local, se discuten aniversarios y reuniones futuras de obispos como si nada hubiera pasado, como si no hubiera nada más importante de que ocuparse.

Exigimos:

* Cárcel común y efectiva para los abusadores.

* Separación de la Iglesia y el Estado.

El Estado es responsable de que esto se produzca y de que no se impongan penas ejemplares.