El lunes 13 de febrero se realizó una marcha convocada por la familia de Luz, la chica de tan solo 13 años que se suicidó luego de ser violada, para reclamar justicia. Se hicieron presentes más de 300 personas entre familiares, amigos de la joven, organizaciones de mujeres y políticas. Se manifestaron con carteles que exhibían el pedido de “Justicia por Luz” y que también remarcaban la responsabilidad del Estado sobre su muerte.

 

La marcha fue encabezada por Jacqueline Quevedo, madre de Luz, su hermano y la madre de Anyelén Aybar (una menor que también se suicido y que había sufrido un abuso en la ciudad de Andalgalá). La movilización partió desde Hospital de Niños, pasó por el Ministerio de Salud, el Juzgado de Menores y finalmente terminó frente a la Casa de Gobierno, donde se realizó un pequeño acto que contó con la palabra de Quevedo y la de otras víctimas de la impunidad que se hicieron presentes para apoyar a la familia y visibilizar sus popias luchas.

 

Luego de la movilización, el Hospital de Niños inició sumarios a los profesionales que habían atendido a la víctima. En un documento, la directora del hospital explica que las acciones son a raíz de las publicaciones de los medios locales y nacionales sobre las declaraciones de la madre de Luz. También se activó la causa en la Justicia.

 

La gobernadora Lucía Corpacci (FpV) intentó desestimar la responsabilidad estatal en los hechos y declaró que "siempre voy a entender el dolor de la madre” (El Ancasti 14/2).

 

Pero la responsabilidad estatal en el caso de Luz es patente.

 

El 11 de noviembre de 2016, Luz había salido con una amiga desde la casa de su abuelo. Fue a una fiesta, donde le dieron de tomar jugo con pastillas. Allí fue filmada (los videos fueron subidos a Facebook), golpeada y finalmente violada. Luego de todo esto, Luz (de tan solo 13 años) se quitó la vida.

 

Cuando su madre, Jacqueline Quevedo, fue hacer la denuncia en la Unidad Judicial Nº 6 aquella noche de 2016 porque la joven no había vuelto a su casa, la despacharon con la excusa de que “no era algo grave, que no era un secuestro y que los iba a hacer perder tiempo y gastos con los móviles para que la nena apareciera a la media hora”, según contó la madre a diversos medios. Ante la negativa de los órganos del Estado a recibir la denuncia, la familia salió hacer una búsqueda por su propia cuenta. Luego de horas, Luz regresó a su domicilio con signos de haber sido drogada y abusada.

 

Quevedo llevó a su hija al Hospital de Niños, donde la atención fue muy precaria y -según Quevedo- la contención psicológica de su hija fue casi nula. Esa misma noche, Luz se suicidó.

 

Luz fue llevada a la muerte a causa de un Estado cómplice de abusadores, un Estado que revictimiza a las mujeres.

 

Mientras tanto, en las últimas estadísticas difundidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Catamarca ocupó el segundo lugar en casos de denuncias contra la integridad sexual, con 91 casos cada 100 mil personas. La tasa triplica la media nacional, que es de 31 (ídem, 2/5/16).  Sin embargo, en políticas de género no hay ningún avance y cuando se trata de encubrir abusadores, el Estado es el primer garante de dejar impunes casos como lo de los curas Renato Rasjido y Juan de Dios Gutiérrez, por nombrar sólo algunos ejemplos.

 

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos el pedido de "justicia por Luz"  y nos solidarizamos con su familia. Resaltamos la importancia de la movilización y la organización independiente del Estado que da cuenta que el movimiento de mujeres se tiene que poner al frente de estos reclamos y enfrentar fuertemente los flagelos que atacan la cotidianeidad de las mujeres frente a un régimen de opresión. Llamamos a preparar un gran paro internacional de mujeres este 8 de marzo por todas nuestras reivindicaciones.