Otro caso de abuso sexual, ocurrido en Belén, tiene de victimario a un cura de la Iglesia católica y otra vez su víctima es una menor. El asunto ahora se ha transformado en un gran escándalo. Esto muestra el grado extremo de descomposición al que ha llegado la Iglesia catamarqueña, un poder dentro del poder, y donde en todos estos años han jugado un rol de recíprocos encubrimientos de todos sus atropellos.

 

En esta oportunidad, el cura abusador, Juan de Dios Gutiérrez, hizo uso de su preeminencia sobre la víctima cuando ésta se incorporó al movimiento denominado Jupac (Jóvenes unidos por amor a Cristo). En ese ámbito, el cura manipuló y se aprovechó sexualmente de la menor de 16 años, y luego ejerció todo tipo de presión psicológica que la llevó al borde del suicidio.

 

Cuando la noticia del abuso trascendió, el obispo de Catamarca, en lugar de entregar al cura abusador a la Justicia, sostuvo que desde la Iglesia se hará una investigación canónica paralela -o sea un saludo a la bandera, porque entre violadores y pedófilos no se van a investigar. En paralelo, desde la Iglesia comenzó una política dirigida a mostrar a la menor como la responsable del hecho y enviaron una patota eclesiástica a presionar a la familia, a la que le entregaron una carta del mismo obispo catamarqueño, Luis Urbanc, que la amenazaba "con el castigo divino" si no decían "la verdad"; es decir, si no culpaban a la víctima, de la que pretendían que "confesara".

 

Por su lado, la Justicia provincial actúa a remolque del escándalo. El fiscal de la localidad de Belén demoró la investigación una semana, y sólo cuando se produjo la movilización de vecinos y familiares ordenó el arresto del cura Gutiérrez.

 

Este caso ha reavivado otro caso que conmocionó a la provincia: la violación de un menor por parte del cura Renato Rasguido en Andalgalá. El violador recibió protección legal y física (se mudó al obispado) de la Iglesia catamarqueña.

 

El Partido Obrero realizó esta semana un acto frente al obispado y ha iniciado una campaña reclamando juicio y castigo a todos los abusadores. Llamamos a todas las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, a movilizarse con el Plenario de Trabajadoras, para denunciar la responsabilidad de Estado, que deja desamparada a las mujeres, y a exigir el castigo a los violadores y la separación de la Iglesia del Estado.