Mujer
10/10/2026
Cecilia Basaldúa, seis años sin justicia: que este Encuentro en Córdoba sea una plataforma de lucha contra la impunidad
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En el inicio del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba, compartimos la entrevista a Susana Reyes y Daniel Basaldúa, padres de Cecilia, asesinada en Capilla del Monte en 2020. Su femicidio en territorio cordobés tiene el mismo trasfondo de impunidad, negociados, corrupción política, policial y judicial que, igual que se puso de manifiesto con Agostina Vega, componen crímenes políticos que involucran a todo el aparato del Estado gobernado por el PJ.
Daniel y Susana denuncian una causa armada, un encubrimiento ligado a negocios que involucran el narco y a policías y funcionarios judiciales de Córdoba. Convocan a que este Encuentro sea una plataforma de lucha por Ni Una Menos, por Justicia por Cecilia y todas las pibas contra la impunidad del Estado. Con este importante reclamo se realizará una radio abierta este sábado 10, en el primer día del Encuentro, que congregará a distintos familiares de víctimas de femicidios, abuso sexual en las infancias y redes de trata. Será de la partida también Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, que sigue luchando por justicia tras 10 años de dilaciones, maniobras y encubrimiento del poder judicial y político.
La impunidad del femicidio: punta del iceberg de un régimen en descomposición
Cecilia Gisela Basaldúa era una mochilera de 35 años que, al comienzo de la pandemia, eligió viajar a Capilla del Monte, Córdoba. Desapareció en abril de 2020 y su familia fue avisada tres días después. Su cuerpo apareció el 25 de abril, un día después de que sus padres llegaran al pueblo, en un lugar donde, según ellos, no había rastros de que hubiera estado 20 días a la intemperie.
"Lo que decimos lo decimos porque lo vivimos ahí, no estamos inventando nada", afirman. Dicen que la policía montó un "show" de búsqueda con drones y helicóptero, pero que cuando ellos llegaron no vieron a nadie buscando. Para la familia, el cuerpo fue "plantado", y a ellos les mintieron sobre la identificación y no los dejaron reconocerlo.
Lo que vino después agravó las peores sospechas contra quienes se supone debían velar por la justicia y la seguridad de las personas. La escalada de impunidad y maniobras contra la familia y su búsqueda de justicia fue escalando.
La Justicia llevó a juicio a Lucas Bustos, un peón rural: un joven pobre del lugar a quien incriminar para salvaguardar a otros. La gente del pueblo les había anticipado: “Van a ver que dentro de dos o tres días van a encontrar un perejil, porque así se manejan ellos. Ya saben cómo se maneja la justicia ahí”. Denuncian que la confesión de Bustos fue obtenida bajo tortura en una celda con seis o siete policías. En el juicio no apareció ninguna prueba en su contra. “La fiscal (Paula Kelm) nos mintió, nos dijo que tenía múltiples pruebas sobre Lucas Bustos, que había fotos de él y Cecilia con un caballo, que lo tenía de amigo de Facebook, y nada de eso había. Nada, absolutamente nada”.
La familia de Cecilia, junto a las organizaciones que los acompañan, debieron emprender una campaña de denuncia de este fraude. Finalmente Bustos fue liberado. Como afirman, se trató de “una causa armada para encubrir a alguien".
Los papás de Cecilia, que fueron recogiendo información en base a un enorme esfuerzo personal de viajes a Capilla para tratar de encontrar la verdad de lo ocurrido, lograron identificar que Mario Mainardi, quien alojaba a Cecilia, fue el último en verla con vida. A ellos les dijo que Cecilia "se puso loquita" y que él la echó. En su declaración judicial, en cambio, sostuvo que se fue sola con un "brote psicótico". "Ahí descubrimos la primera mentira", cuentan. Según testimonios que pudieron recoger de la gente del pueblo, Mainardi y Viviana Juárez estarían involucrados en el negocio de la droga. La familia sostiene que Cecilia pudo haber visto algo, y que el encubrimiento protege un entramado de negocios (droga, trata, juego, cuatrerismo), que involucra a policías, fiscales y políticos locales.
Desde que se logró la anulación del juicio trucho contra Bustos, la causa pasó por varios fiscales, algunos con salida inminente. Hoy la tiene la fiscal Sabrina Ardiles. Las declaraciones del expediente anterior eran falsas. Mientras tanto, los padres denuncian un hecho gravísimo: que el cuerpo de Cecilia fue sepultado como NN en una fosa común del cementerio de San Vicente, sin avisarles ni pedirles autorización, aunque llevaban años reclamando una ampliación de autopsia. Ahora piden un ADN para confirmar que está allí.
Un alegato implacable contra el poder judicial y su trasfondo de clase
Susana y Daniel no piden más de lo que el Estado les niega a quienes no tienen poder. “Nosotros somos dos trabajadores comunes, no tenemos mucho dinero, vivimos con lo justo, como todos los trabajadores”, dicen, y por eso saben de primera mano cómo funciona la justicia de Córdoba: “La justicia no está con la gente. La justicia es una élite”.
En tiempos donde las Bullrich y Milei se envalentonan con una ley para meter presos a pibes vulnerables, Daniel denuncia con suma claridad el carácter de clase del poder judicial y el sistema penitenciario: “yo creo que las cárceles están llenas de pobres”, mientras protege a los suyos: “Al poder judicial no les pasa nada”. Su denuncia excede el caso de Cecilia. Para ellos, “si hubiesen sacado a todos esos fiscales, esos jueces, que lo único que sirven es para recaudar y juntar platita para ellos”, y si se hubiera investigado a “la parte política que también colabora” y “que están todos prendidos, donde está la droga... quizás no hubiese habido una Agostina”.
La familia reclama el enjuiciamiento de los fiscales y jueces que armaron causas. Es necesario levantar un programa que establezca la elección popular de jueces y fiscales con mandato revocable. Cecilia sigue sin justicia, y traer su bandera al Encuentro de Córdoba es parte de la lucha contra la impunidad del Estado.
Que este Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades levante bien fuerte la bandera de justicia para Cecilia. Ni una menos, el Estado es responsable.
Mirá la entrevista completa:
