Nuevamente Capilla del Monte es el escenario de la desaparición de una mujer. Cecilia Gisela Basaldúa de 35 años, oriunda de Buenos Aires y residente en dicha ciudad, lleva 14 días desaparecida. Cecilia Gisela Basaldúa tiene 1,60 m. de estatura, piel trigueña y vestía al momento de su desaparición calza negra, pullover violeta y borceguíes rojos.

Cecilia había regresado de un viaje de 5 años por Latinoamérica y estaba escribiendo un libro en un domicilio de Capilla del Monte que fue allanado. Allí se encontró su computadora portátil y su teléfono celular. El dueño de la vivienda está, para la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, en calidad de “testigo”.

La familia informó a un medio de la ciudad de La Falda que: “el miércoles 7/4 nos llama una persona que dice que mi hermana estaba parando en su casa. Nos dice que había tenido un ataque psicótico y que se había ido el domingo. Ella nunca había tenido ningún problema de ese tipo. Fue totalmente sorpresivo”.

En ese momento la familia, alertada por la extraña llamada, realizó la denuncia de inmediato. “Lamentablemente perdimos tres días valiosos entre el domingo y el miércoles”, señala el hermano de la mujer.

Cuatro días después de la denuncia una riñonera con sus documentos fue encontrada en la zona de Tres Puentes en la misma localidad.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero y no se activó el protocolo de búsqueda inmediata aprobado en 2019 en la Legislatura de Córdoba. Mientras el Estado habla de “averiguación de paradero” o “fuga del hogar”, la investigación parte de la premisa de que Cecilia desapareció por su propia voluntad, desestimando la urgencia que requiere la investigación. Se ha demostrado que la demora en la investigación, cuando se debe actuar con toda premura, es consecuencia del accionar cómplice del Estado con violentos abusadores y las redes de trata, ya que las primeras horas de búsqueda son clave.

El 11 de setiembre del 2019 la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad el proyecto de ley de Protocolo de búsqueda inmediata y la creación de un Registro único de personas desaparecidas, presentado por el legislador Eduardo Salas del Frente de Izquierda. Sin embargo, hasta el momento, el Estado continúa demorando las búsquedas mientras se propagan los casos de desapariciones y los índices de femicidios en la provincia. La creación del Ministerio de la Mujer provincial ni siquiera aceleró la reclamada implementación del Registro único de personas desaparecidas y, por el contrario, profundizó el proceso de precarización y desmantelamiento de las áreas destinadas a contener a las víctimas.

Durante esta cuarentena se han registrado más de 5.000 denuncias relacionadas a violencia familiar y de género. Cuando gran cantidad de especialistas alerta sobre el tema, desde el gobierno de Córdoba se vacía el área de Asistencia y se despide a les trabajadores de Constatación. Consecuente con este accionar político garante de la impunidad, al cumplirse 14 días desde la desaparición de Cecilia, ni el Ministerio de la Mujer, ni la funcionaria a cargo, Claudia Martínez, emitieron un solo pronunciamiento público al menos de preocupación. No hay dudas de que la aplicación del protocolo y la efectiva búsqueda de las personas desaparecidas requieren de la intervención organizada del movimiento de mujeres independiente del Estado, sus gobiernos e instituciones.

El Plenario de Trabajadoras responsabiliza al gobierno provincial por la integridad de Cecilia y de todas las víctimas. Exigimos se ponga de inmediato a funcionar el protocolo de búsqueda inmediata de personas desaparecidas y se garanticen todos los mecanismos necesarios con la máxima celeridad hasta hallarla con vida. En ese sentido llamamos al movimiento de mujeres y disidencias a reforzar la acción en redes sociales y todos los mecanismos a nuestro alcance. Aparición con vida de Cecilia.