La jueza de feria María Beatriz Aucar de Trotti, a cargo de un juzgado civil y comercial de Resistencia, dio lugar a la medida cautelar para la suspensión de la ley 27.610 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una maniobra esperada desde los sectores de antiderechos que en la provincia se encuentran encabezados por la exdiputada Clelia Ávila de la UCR y actual pastora evangélica y el gobernador Jorge Capitanich del PJ.

Esta medida se hace lugar después de que desde la subsecretaría de promoción de la salud, dirigida por Carolina Centeno, se aclaró que ya se está trabajando en los hospitales cabeceras de la provincia para la aplicación de la ley 27.610, una ley que como pocas en la historia tiene más de 30 años de lucha en el movimiento de mujeres.

Los argumentos de la jueza de feria se atienen a qué la Constitución Provincial del Chaco en su artículo 15 dice “garantizar el derecho a la vida y la libertad desde la concepción”, también interpreta los derechos del niño y la niña como jurisprudencia internacional junto a los derechos humanos. No es menor considerar que el sector que impulsa el pedido de la cautelar hace caso omiso a todas las violaciones de derechos que durante años tras año y gobierno tras gobierno llevan a cabo hacia lxs niñxs, que abarcan desde el derecho a la vivienda, la salud, la alimentación hasta los abusos sexuales intrafamiliares y también aquellos perpetrados por religiosos católicos y evangelistas. Todo lo contrario, estos grupos, presionan hasta el hartazgo a las familias y niñas para obligarlos a parir, no denuncien los abusos sexuales y que soporten las miserias que viven porque les abrirá las puertas al cielo. Ante estos flagelos, ni a la justicia ni a los grupos antiderechos jamás se le conoció medida alguna, todo lo contrario comulgan junto a Capitanich las políticas de hambre y violencia.

Bajo la escusa de que los jueces velan por el supuesto cumplimiento de las leyes y la Constitución, ésta medida padece de toda arbitrariedad ya que la ley IVE es de orden público y debe aplicarse en todo el territorio nacional sin requerimiento de adhesión o revisión alguna por parte de las provincias. La argumentación de que se trataría de una violación a la constitución provincial es de plano improcedente en virtud de que ninguna ley provincial, ni la propia constitución provincial pueden contraponerse a lo establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, así quedo establecido, generando un precedente irrefutable, en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia.

Es decir, que el recurso interpuesto llegado el momento de resolverse el fondo de la cuestión no tendrá procedencia alguna, lo que deja en evidencia que la concesión de la medida cautelar no tiene fundamentación legal ni judicial, sino de orden meramente político. Además, la propia admisibilidad del recurso resulta improcedente, un sector ínfimo de antiderechos no puede arrogarse legitimación para bloquear el derecho de todas las personas con capacidad de gestar de la provincia. La resolución se trata de un abuso de poder que asumen desde el poder judicial en el Chaco y que viene como anillo al dedo al poder ejecutivo de la mano del gobernador Capitanich y los partidos patronales que tienen fuertes compromisos con las iglesias.

Debemos seguir la lucha hasta la real implementación de la IVE, ya que estas maniobras exhiben el trabajo en conjunto de los diferentes poderes y a las iglesias para el incumplimiento de los derechos hacia las niñas, mujeres y disidencias.

Por eso urge, además del repudio, un plan de lucha, dónde las trabajadoras y la juventud exijamos la efectiva implementación de la ley 27610, junto a la separación de las iglesias y el estado, como también la elección directa de jueces y fiscales para terminar con la corporación judicial que da lugar a los antiderechos y obvia la creciente violencia hacia miles de mujeres y niñas.