Según datos del Observatorio Mumalá, la tasa de femicidios en el Chaco superó la media nacional. “La tasa de femicidios a nivel nacional es de 0,7 cada 100.000 mujeres, mientras que en Chaco tenemos 1 femicidio cada 100.000”, explicó Paula Ojeda, coordinadora del organismo.

Se trata, sin embargo, de una cifra subestimada, ya que no todos los casos figuran en los medios y muchos son ocultados por la Justicia, como ocurrió con el femicidio de Daiana Colman; en ese caso, el fiscal de la causa, Jorge Cáceres Olivera, dijo públicamente que Daiana murió por “problemas de salud”, dando a entender que los golpes constantes y el abandono a los que fue sometida por su femicida no fueron la causa de su muerte. La Justicia es garante de la impunidad.

A este análisis debemos sumarles las políticas del gobierno, el cual creó una ESI “alternativa” permitida por la propia ley en su cuestionado artículo 5°, el cual deja abierta la puerta a que los colegios religiosos impongan conocimientos basados en la homofobia, la sumisión de la mujer y la abstinencia sexual, porque esto se adapta a su “ideario institucional”.

Estas políticas oscurantistas y anticientíficas están relacionadas al problema de la violencia de género, porque opacan la importancia de la ESI para la identificación de abusos sexuales en la infancia, de evitar las relaciones violentas desde el noviazgo, y de aprender a utilizar preservativos y métodos anticonceptivos bajo consentimiento. Contrariando el reclamo del movimiento de mujeres por una ESI laica y científica, el gobierno empodera a las iglesias que son militantes contra estos derechos tan elementales.

Asimismo, los organismos del Estado evitan asistir a las víctimas de violencia de género, y el personal que tiene que hacerlo escasea y está, en la mayoría de los casos, precarizado. Esta falta de asistencia nace desde el mismo organismo de Desarrollo Social, donde cientos de mujeres están precarizadas y cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, y ni siquiera cuentan con psicólogos, asistente sociales y abogados. A la par de esto, crece la desocupación. Las burocracias sindicales de Upcp y ATE, por su parte, miran para otro lado y acompañan las políticas de ajuste de Capitanich.

La realidad es que quienes asisten a las mujeres que sufren violencia son las piqueteras en los barrios, a través de los merenderos a los cuales el gobierno niega sistemáticamente el otorgamiento de alimentos. La Secretaría de Género y Diversidades, a cargo de Silvana Pérez y Analía Rach, vicegobernadora de Chaco, sirve para maquillar a un gobierno que en materia de derechos de las mujeres y diversidades ha fracasado rotundamente.

Este panorama realza la importancia de movilizar este 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. El Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero darán esta pelea en toda la provincia. Levantarán reclamos como la puesta en pie de centros de contención para las víctimas de violencia de género en cada barrio, y asistencia económica y habitacional para ellas y sus familias, y la efectiva aplicación de una ESI laica y científica en todas las escuelas y todas las semanas. Todo esto es más que necesario en el marco de una profundización del hambre y de la violencia, dos cosas que afectan sobre todo a las mujeres.

La única forma de derrotar la política ajustadora y oscurantista de Capitanich es con la lucha independiente del movimiento de mujeres, que priorice los reclamos e imponga las demandas urgentes que sufren miles de mujeres y diversidades en las barriadas. Para erradicar los femicidios hay que luchar contra el Estado, que es el que los avala y promueve.

Este 25 de noviembre, ¡Basta de hambre y femicidios!