La ley que establecía la emergencia pública en materia de violencia de género en toda la provincia de Chubut por un término de 24 meses (renovables por otra ley) fue vetada recientemente por el gobernador Mario Das Neves.

La normativa había sido aprobada recientemente en la legislatura provincial, con 15 votos a favor (incluido Mario Mansilla, diputado por Chubut Somos Todos, que responde a Mario Das Neves) y 5 abstenciones. Tras el veto, no podrá insistirse en su tratamiento hasta marzo del 2017.

Como reseñó ADN Sur (19/11), la Ley de emergencia contemplaba:

·       la creación de casas refugios en todas las localidades del interior provincial, con personal interdisciplinario (tres psicólogos, un abogado, un ginecólogo y cinco asistentes sociales) que el Poder Ejecutivo debía adecuar por localidad;

·       un plazo para la creación de un programa de reinserción laboral, estableciendo un cupo del 2% de las vacantes de los puestos de la Administración Pública Provincial;

·       el otorgamiento de un subsidio del 50% del salario mínimo vital y móvil para el pago del alquiler de vivienda única familiar, por 12 meses, para quienes no percibieran remuneración alguna;

·       la prestación de créditos a tasa subsidiada (50%) para microemprendimientos;

·       el desarrollo de campañas de concientización y prevención sobre violencia de género, incluida la incorporación de la temática en la currícula escolar (ADN Sur, 19/11)

Como autoridad de aplicación se establecía a la Dirección provincial de Equidad y Género – dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Social-, y se estatuía una partida presupuestaria no inferior del 0,1% del presupuesto total del ejercicio.

Demagogia y movilización

El veto le da la espalda al reclamo contundente de las miles de mujeres que han sido parte de las marchas por #NiunaMenos.

Das Neves está dentro del bloque político de Sergio Massa, que tuvo como uno de sus ejes de campaña electoral la problemática de la mujer. Presurosos para hacer demagogia y sacarse fotos con el cartelito, manipulan la cuestión de la mujer para ganar votos y reforzar el aparato represivo (más policía, cámaras de seguridad, aumento de las penas); pero muestran su verdadera cara cuando las medidas de asistencia -restringidas a paliar las consecuencias de la violencia hacia la mujer- requieren de una partida presupuestaria concreta.

Desde el Plenario de Trabajadoras proponemos un curso de movilización popular para que el gobierno provincial desista del veto, y planteamos que la autoridad de aplicación debe quedar en manos de un Consejo de Mujeres Autónomo, independiente del Estado, votado por las mujeres, , responsable de aplicar todas las medidas tendientes a defender nuestros derechos.