El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está desmantelando progresivamente la Dirección de Mujer y todos sus programas. 

 

El irrisorio presupuesto asignado al área viene siendo recortado año a año. Este creciente desfinanciamiento ha generado un cuadro alarmante. Sus trabajadoras hicieron una enérgica denuncia de las pésimas condiciones en que se encuentran el martes pasado ante la Comisión de Mujer de la Legislatura. Ese día, precisamente, se trataba un pedido de informes del diputado Marcelo Ramal sobre la situación de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) y el incumplimiento de la ley que ordena crear uno por comuna. 

 

Las denuncias que allí expusieron fueron demoledoras: reducción drástica de personal –pasaro de ser 500 trabajadoras en el año 2007 a 280 en la actualidad-, congelamiento de nuevos contratos, salarios miserables para las profesionales y falta de reescalafonamiento. 

 

La misma situación de deterioro se manifiesta en el estado de infraestructura de los Hogares y Centros que revela grandes fallas estructurales y de mantenimiento. La falta de insumos llega al extremo de que el Hogar que debiera albergar niños pequeños de madres violentadas no cuenta ni siquiera con cunas. 

 

Una evidencia de que se trata de una política consciente de vaciamiento es la casi nula difusión y propagandización de los servicios y programas de la Dirección, lo que ha llevado a una gigantesca reducción de las llamadas anuales al 0800 MUJER, las cuales han caído a menos de la mitad desde el 2008 a esta parte.  

 

El incumplimiento de la ley de la creación de un Centro Integral de la Mujer (CIM) por comuna, votada en 2015, forma parte de esta orientación política. La negativa a la reglamentación y la construcción de los nuevos CIM es inseparable de la orientación privatizadora del gobierno porteño.

 

Como las mismas trabajadoras han denunciado, la política oficial adoptada los últimos tiempos por el gobierno es la de tercerizar la asistencia por medio de diferentes ONG´s a través de subsidios mientras desfinancia progresivamente la Dirección. El mismo Estado que vulnera los derechos de las mujeres negándoles acceso a la vivienda, a la salud, a un salario igual a la canasta familiar, a un aborto legal, seguro y gratuito y que, ante una situación de violencia desprotege a la víctima desde todos sus estamentos judiciales, es el que también la quita la mínima posibilidad de ser asistida en las cuestiones más fundamentales. Una vez más, se pone de manifiesto que el “Estado es responsable” -tanto de la impunidad de las redes de trata como del abandono de las mujeres que sufren violencia de género.

 

Frente a este escenario, es una necesidad de primer orden la defensa de la Dirección de Mujer y de todos los programas que alberga, así como también la defensa de las condiciones de trabajo de todas sus trabajadoras; y exigir el cumplimiento de la ley de creación de CIM por comuna.

 

Es necesario poner en marcha campañas en todos los barrios, lugares de estudio y trabajo para frenar este vaciamiento, que es un golpe a los derechos de las mujeres trabajadoras de la Ciudad