En julio de 2013 se presentó en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones un proyecto que propone considerar como política de Estado “la defensa de la vida desde el momento de la concepción”. Este año, la Subsecretaría de Culto a cargo del Ministerio de Gobierno vuelve a darle un impulso al proyecto de ley para que se apruebe definitivamente en la Cámara, con el apoyo de todos los obispos de la provincia y del consejo de pastores protestantes. Varios municipios de la provincia, entre ellos el de Oberá, ya se declararon “pro-vida”.

A través de la aprobación de esta ley, el gobierno provincial busca prohibir tajantemente el aborto no punible y la distribución de la píldora del día después.

En la provincia se aprobó, en 2012, el protocolo de abortos no punibles que establece la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ningún aborto no punible, aun cuando la tasa de menores sobre el total de embarazadas oscila entre el 20 y el 30%. No se ha interrumpido el embarazo, por ejemplo, de una joven de once años violada reiteradamente por su tío, en complicidad con su madre y su padrastro, pastor protestante.

La provincia presenta altísimas cifras de muertes por abortos clandestinos, embarazo adolescente, mortalidad por desnutrición infantil y trabajo esclavo de menores. El peso de la Iglesia sobre todas las instancias del aparato del Estado, sumado a los propias límites del protocolo (que no establece el derecho sino la “no punibilidad” del aborto en los casos de violación) garantizan que se siga penalizando a las mujeres, como ocurre actualmente con una joven de 19 años de San Javier, que sufre una persecución penal. La penalización de las mujeres es política de Estado en la provincia donde María Ovando fue encarcelada, responsabilizada de la muerte de su hija por desnutrición.

La penalización del aborto provoca en todo el país más de 80 mil internaciones de mujeres con complicaciones por abortos clandestinos al año, más de medio millón de abortos clandestinos, miles de mutilaciones y cientos de muertes.
El proyecto de ley actual del Frente Renovador (Rovira-Closs) resulta un retroceso medieval incluso sobre este cuadro. Llama a “revestir de valentía el corazón del gobierno para suprimir ideologías erróneas” y establece que el derecho a la vida “es prerrogativa exclusiva de Dios”. Propone declarar a Misiones “provincia pro-vida”, poniéndole el sello a la prohibición absoluta de toda clase de interrupción del embarazo. Plantea incluso “acompañar” a las mujeres y niñas violadas, obligadas a convertirse en madres.

Es preciso terminar con esta política criminal contra las mujeres y todo el pueblo de Misiones. Basta de persecuciones. Separación de la Iglesia del Estado. Educación sexual, científica y laica para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para que las mujeres no mueran ni tengan que pasar por vejaciones cuando deciden interrumpir un embarazo no deseado. No a las leyes “pro-vida”.

Plenario de Trabajadoras Misiones