Este lunes inició en el TOC n°3 de San Martín el juicio oral por el femicidio de Araceli Fulles, a cuatro años del caso que atravesó todo el distrito y puso en evidencia la responsabilidad policial en casos de violencia de género. Esa responsabilidad no será sentada en el banquillo de los acusados.

Los 8 acusados en el juicio estaban libres, 4 fueron liberados por la cámara de apelación de San Martin por “ineficiencias en el sistema investigativo”.

Uno de ellos, Carlos Damian Cassalz, fue detenido solo luego de que la madre de Araceli, Mónica Ferreyra, denunciara haber recibido hace 15 días un video intimidatorio que mostraba al imputado Cassalz portando una ametralladora. “No les tengo miedo. A mí ya me mataron”, dijo Mónica. “Uno ya sabe con quién se está metiendo. Es gente acusada de tener vínculos con el narcotráfico”. Cassalz ya había sido condenado a dos años de prisión por amenazar a un testigo de la causa cuando salió de la cárcel la primera vez en 2017. Otro, Hugo Cabañas, quiso ingresar hoy martes armado a la instancia de declaración indagatoria, con una faca. Por esta situación, -no por su participación en el femicidio de Araceli- quedará detenido.

El caso de Araceli Fulles es evidencia de que a las pibas el Estado no las busca, y a los femicidas los protege.

 

¿Cómo llegamos al punto en el que estamos hoy?

De la casa a la plaza había 5 cámaras, que aquella noche “no tomaron nada” porque el sistema supuestamente falló. La búsqueda fue obstaculizada sistemáticamente, y destrabada solo por la insistencia de la familia y la movilización popular. Encontrado el cuerpo, y denunciados los responsables, la Cámara de Apelaciones de San Martín deja en libertad a 4 de los 5 detenidos por el secuestro y femicidio de Araceli Fulles por “ineficiencias en el sistema investigativo”. Se reconoce un operativo de encubrimiento desde el Estado: “deficiencias” en torno al trabajo de peritos y fuerzas de seguridad –mala conservación de las pruebas y la instalación de “pistas falsas”- que plantean inclusive la posibilidad de abrir una causa penal contra los encargados de llevar adelante la investigación. Las fuerzas de seguridad del distrito, también estuvieron comprometidas en la cadena de hechos delictivos que llevaron al asesinato de Araceli –Asuntos Internos de la Bonaerense debió separar a tres policías acusados de filtrar información e interferir en los rastrillajes mientras ésta permanecía desaparecida. Esa separación como ocurre siempre es un encubrimiento. Los separados muchas veces vuelven a otras dependencias de la fuerza o directamente no pagan penalmente por sus delitos. Hoy el garante de esta metodología y encubrimiento es el propio Sergio Berni.

El caso de Araceli no es la excepción sino la regla. A Candela Sol Rodríguez la encontró una mujer. A Ángeles Rawson la vio un trabajador del CEAMSE en José León Suárez. Melina Romero estuvo desaparecida un mes y el hallazgo vino de la mano de un grupo de cartoneras, también en José León Suárez. Araceli Fulles, la encontraron perros adiestrados en un lugar que ya había sido allanado, en la casa de Darío Badaracco, la última persona que la vio con vida.

El juicio

Los acusados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Casalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Los ocho están imputados de “homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas”, delito con pena de prisión perpetua.

Comparecerán más de 150 testigos, y se prevé que el juicio se extienda hasta el 7 de octubre. “El problema es que digan la verdad. Nuestros testigos ya fueron intimidados previamente y tienen miedo de lo que pueden llegar a pasar”, dijo Mónica. Los imputados se encuentran actualmente en libertad –a excepción de Cassalz — gracias a ese fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró en 2017, por la “ineficiencia del sistema investigativo”. Sólo los lazos con la policía pueden explicar que en un caso que fue tan mediático la impunidad sea la regla.

El primer día del Juicio se dio con una gran concentración fuera del tribunal, que se sostendrá de lunes a viernes hasta que finalice el juicio. Nadie mejor que la familia de Araceli sabe que para conquistar perpetua para los responsables, es clave la movilización popular. Ninguna confianza en la justicia. El TOC N°3 de San Martín, es el mismo que dictó un escandaloso fallo absolutorio por “falta de pruebas” en 2014 al policía Carlos Marcelo Cuello, denunciado por violar a su hijastra desde los 11 a los 15 años.

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos a la familia y amigxs que enfrentan esta violencia organizada que viene de las más altas esferas del poder político. Estaremos acompañando frente al TOC 3 hasta que termine el juicio y se conquiste la perpetua para todos los responsables, y convocamos a todxs los vecinxs a sumarse a esta lucha.