Se acaba de definir el tribunal que llevará adelante el juicio por el “doble crimen de la Dársena”, en el que fueron asesinadas Patricia Villalba y Leyla Nazar. El hecho rápidamente provocó la reacción popular cuando se comenzó a ventilar la vinculación con él de parte de funcionarios del gobierno de Juárez.

La reacción popular fue creciendo y la política de echar lastre mediante la detención de algunos imputados no pudo detener la caída de Juárez luego de cincuenta años en el poder. Santiago fue intervenida como un recurso preventivo ante lo que todo el mundo pronosticaba: se venía el segundo Santiagueñazo.

Juárez fue obligado a retirarse. La Intervención procuró algunas reformas de fachada del régimen juarista, pero en lo esencial, los intereses que se cobijaban bajo aquel régimen, sus servicios de inteligencia, las mafias económicas y políticas se mantienen inalterables.

En este crimen estuvieron procesados personajes de la época de la dictadura, como Musa Azar, y también varios hijos del poder (funcionarios), funcionarios provinciales y otros como el defensor (municipal) del pueblo.

La Intervención federal dejó en la provincia muestras del manejo del poder político sobre la Justicia para archivar un caso donde los implicados son los que reciben favores del gobierno de turno.

Hoy en día, luego de casi cinco años de la tortura seguida de muerte de Patricia Villalba y Leyla Nazar, más de la mitad de los implicados procesados se encuentran en libertad, y los presos gozan de privilegios de visitas y salidas.

El actual gobierno del Frente Cívico que preside Zamora, ante la persistencia de las movilizaciones reclamando juicio y castigo a los culpables materiales e intelectuales, ha dispuesto que el Superior Tribunal de Justicia forme un nuevo tribunal. Echan lastre, pero los servicios de inteligencia que manejaba Musa Azar, siguen siendo los mismos en manos de Zamora, al igual que todo el andamiaje represivo, que aparece en plenitud cuando emerge alguna protesta social, o en la complicidad con la represión a los campesinos que defienden sus tierras.

La impunidad en nuestra provincia es tan palpable que podemos ver cómo Pololo Anauate, uno de los procesados, sigue siendo diputado nacional por el PJ y hoy es candidato por el Frejuli.

Reforzar la organización y movilización independiente del pueblo es lo único que puede garantizar el juicio y castigo de los procesados y responsables de este crimen, y que el mismo sea el punto de partida para desmantelar los aparatos represivos. Planteamos poner en pie una coordinadora contra la impunidad que impulse la lucha por el juicio y castigo a los responsables del doble crimen y el desmantelamiento del aparato represivo.