26/05/2020

¿Cómo es la situación de la atención de las mujeres que sufren violencia en medio de la pandemia?

Trabajadoras del área nos contaron sus reclamos, tras el paro que logró el pago integral de los salarios de abril.
Por Amanda Martín Secretaria gremial Ademys

Sin protocolo para el Covid-19, con salarios para las trabajadoras de asistencia técnica que rondan los 25.000 pesos (de los que deben descontar el pago del monotributo), sin plus salarial por desempeñarse en una actividad considerada esencial, con todo tipo de presiones y hostigamiento de parte de las funcionarias a cargo del área y con una composición mayoritariamente femenina -ya que de aproximadamente 300 personas, alrededor de 280 son mujeres-, el reclamo que iniciaron las trabajadoras de la línea 144 (de atención a las víctimas de violencia de género) y de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires apenas comienza. Mediante la organización y lucha, que incluyó un paro en el caso de la línea telefónica, estas trabajadoras vienen de lograr el pago integral de los sueldos de abril .


Las trabajadoras están altamente calificadas. Son psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, etc. Facturan como monotributistas, no tienen ART, ni obra social, ni licencias. Muchas no cuentan con un contrato de la Dirección general de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, organismo público responsable de la asistencia a las mujeres en situación de violencia. Trabajan a través de convenios de asistencia técnica con la UBA, es decir, que el gobierno terceriza la tarea.


Las denominadas “políticas públicas” que las funcionarias tanto se jactan de promocionar, las sostienen las trabajadoras de la línea 144 y las trabajadoras que se encuentran en los centros integrales de la mujer (CIMs) que, en definitiva, son las que mantienen en pie los refugios y afrontan las diversas situaciones que se presentan en cada caso. “El denominador común es estar precarizadas por el propio Estado”, dicen estas trabajadoras.


Los reclamos que animan a las trabajadoras son muy claros: ser planta permanente de la Dgmuj (Dirección General de la Mujer), ponerle fin a la tercerización, una actualización salarial al costo de la canasta familiar, un plus salarial por la actividad bajo la pandemia, derechos a las licencias correspondientes que deben regir para el sector y recursos para atender la creciente demanda.


Los relatos de las trabajadoras por la falta de recursos para atender, al menos dar resguardo, contención o refugio a las mujeres que se comunican en busca de alguna respuesta concreta, por momentos son desesperantes.


“Somos la primera línea de otra pandemia que azota el mundo y al país: la violencia hacia las mujeres, cuya expresión más grave son los femicidios”, culminan las trabajadoras entrevistadas que se están organizando con sus compañeras.


Para los buitres sí, para las mujeres no


Mientras tanto, la directora de la Dgmuj, Agustina Ciarletta, como el propio Horacio Rodríguez Larreta, se despacharon con propaganda difundiendo la línea 144 y los CIMs encubriendo toda esta situación que hay detrás de la atención y que las trabajadoras vienen denunciando.


La propia directora declaró en la comisión de Mujer, infancia, adolescencia y juventud de la Legislatura que están articulando las acciones con el gobierno nacional, el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, es decir, que son articuladoras de una política, como mínimo, inocua.


La funcionaria prometió un protocolo para el Covid-19 hoy inexistente, patrulleros especiales nocturnos, guías para intervenciones para casos de violencia, pero nada concreto. La ampliación de las plazas para alojamiento también es una promesa en el aire.


Al día de hoy la ciudad cuenta con un solo refugio de 50 plazas. No hay subsidio económico para las mujeres en situación de violencia, una política también común en Nación y Ciudad, puesto que sus prioridades son el pago de la deuda externa y ni siquiera avanzan con la centralización del sistema de salud y un impuesto a las grandes fortunas, medidas todas necesarias para atender las urgencias derivadas de la pandemia.


De los quince centros integrales de la mujer que están en las comunas, de los cuales muchos están conveniados con organizaciones o fundaciones, actualmente funcionan de forma presencial solo 2, el resto lo hace de forma remota. Y de modo general, muchos funcionan dentro de los espacios comunales que tienen problemas de infraestructura, incluso sin espacio para articular prácticas de trabajo grupal como recomiendan las profesionales que atienden y hacen el seguimiento de los tratamientos psicológicos de las mujeres que concurren a los CIMs.


#NiunaMenos, otro 3 de junio para organizarnos


En vísperas de otro 3 de junio, aniversario de la gran movilización del año 2015 en repudio al asesinato de Chiara Páez, de 14 años, a manos de su novio de 16 años, luego que éste se enterara que la adolescente estaba embarazada, la situación ha empeorado.


Durante la pandemia ha sido noticia el aumento de llamadas telefónicas de mujeres en busca de atención. Y el crecimiento de los femicidios. Donde se verifican una y otra vez las denuncias que estas mujeres realizaron previamente, e incluso cómo las familias y organizaciones de mujeres encontraron antes al femicida que los fiscales, policías, etc.


Por esta razón, es importante reflexionar sobre el rol del Estado y sus gobiernos y de la organización social de opresión que sirve para desatar la violencia que sufre la mujer cotidianamente. Porque la violencia hacia la mujer reproduce el carácter dominante de las relaciones de explotación que se ejercen en los lugares de trabajo.


Esa violencia que se moldea en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, cuando una patronal y el Estado despiden, rebajan salarios, modifican condiciones laborales, u hostigan y acosan a las trabajadoras en sus lugares de trabajo.


Por eso, la violencia que sufre la mujer no es “una omisión del Estado”, sino que este es responsable de un régimen político y social que promueve y encubre toda la barbarie que vive la mujer.


Cada demanda que el movimiento de mujeres levanta, choca con la inacción de los gobiernos. Ni el Consejo de la Mujer en su momento, o el flamante Ministerio hoy, organismos burocráticos que responden a esos gobiernos, han dado respuesta. Y ante el agravamiento de la crisis, pretenden descargarla sobre las y los trabajadores.


Arrancarle al Estado con la movilización independiente recursos y dispositivos para asistir a las mujeres ante las situaciones de emergencia está muy bien y es parte del programa de reivindicaciones que tenemos que tener: subsidio de 30.000 pesos para las desocupadas y mujeres en situación de violencia, duplicación del salario para empleadas domésticas, licencias especiales, escuelas infantiles, casas refugio, salario igual a la canasta familiar, recursos para atención y seguimiento de las denuncias, aumento de personal en planta permanente para la atención, elementos de higiene y prevención del Covid-19, protocolos para actividades esenciales, provisión y producción pública de misoprostol, aborto legal, entre los reclamos inmediatos e históricos.


Estas reivindicaciones deben ser acompañada por la lucha contra ese Estado y sus partidos, responsables de todos los agravios a la mujer trabajadora. Por eso, un organismo independiente, con autonomía política, autarquía presupuestaria, votado por las mujeres, bajo control de las organizaciones de mujeres puede ser un paso fundamental para luchar contra este régimen de explotación y violencia.


El 3 de junio, aun bajo los límites de la situación actual, la asamblea de mujeres reunida de forma virtual ya está poniendo en pie la convocatoria a realizar acciones en todas las ciudades, al centro de poder político, y en cada barrio del país.


 



 



 


 


 


 


 

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