A través de redes sociales y con una extensa nota de Verónica Gago y Luci Cavallero en Página 12, el Colectivo Ni Una Menos presenta al Salario Básico Universal (SBU) como una “demanda feminista”.

Curiosamente, en toda la extensa nota ni se menciona la lucha de la Unidad Piquetera que conmueve al país con sus masivas movilizaciones, donde una inmensa mayoría son mujeres, ni mucho menos sus reclamos: trabajo genuino, salario igual a la canasta familiar, un bono de emergencia frente a la inflación de 20 mil pesos, la ampliación y universalización de los planes sociales (hoy en $22.770) para los y las desocupadas en la transición.

Ni Una Menos (NUM) sale a respaldar en nombre del feminismo la iniciativa impulsada por el kirchnerismo para rivalizar con el reclamo de las organizaciones en lucha, en el marco de un furioso ataque al movimiento piquetero y a las mujeres pobres en particular –que iniciaron los Milei, Berni, Zabaletta, Larreta, y al que se sumó la propia Cristina Kirchner, evidenciando un operativo de todo el régimen político contra quienes luchan por un programa de salida contra el hambre y la pobreza.

Sobresale que en todo el texto brilla por su ausencia la denuncia de las responsabilidades políticas de la crisis social a la que el SBU vendría a dar respuesta. Las palabras gobierno, Frente de Todos, Alberto y Cristina Kirchner no figuran en todo el texto. Mencionan, casi al pasar, las “restricciones impuestas por el FMI”, pero no reclaman la ruptura de ese pacto colonial y ruinoso ni el desconocimiento de la deuda –reforzando una negativa rabiosa de este sector a luchar contra el Fondo, que dividió movilizaciones de los últimos 8 de marzo y 3J. El NUM se movilizó con funcionarias y la burocracia sindical pro FMI y socia del ajuste, que ahora citan como referencia feminista –pese a que no se les conoce una solo lucha por los derechos de las trabajadoras en los lugares de trabajo donde intervienen sus centrales.

¿“Distribución de la riqueza” o “generalización de la miseria”?

La propuesta lanzada originalmente por Juan Grabois del MTE y el triunvirato cayetano, que NUM apoya en nombre de una “redistribución urgente de la riqueza”, cobró la forma de un proyecto parlamentario presentado por Itai Hagman. Consiste en un monto de $14.400 (la canasta básica alimentaria de un adulto) que podría cobrar un solo miembro del grupo familiar. Se trata de un monto de indigencia, casi la mitad de un plan Potenciar Trabajo y 3 veces menor al salario mínimo vital y móvil, que fijado en $45.540 es a su vez menos de la mitad de la canasta de pobreza. Más aún, para cobrarlo, no se puede ser beneficiario de ninguna de las precarias asistencias del Estado que están vigentes: ni la tarjeta alimentaria, beca Progresar, plan social o programas nacionales.

El proyecto no contempla ninguna medida que grave la ganancia capitalista y apunta a reemplazar los programas y planes sociales, eliminándolos, a cambio de una asistencia económica mucho menor. Que se le llame “salario” es una perfidia para institucionalizar la superexplotación laboral a la que está sometida un enorme sector de la clase obrera precarizada, sin convenio ni derecho laboral alguno. El reclamo por los programas sociales ligado al trabajo genuino, por el contrario, es concebido por quienes luchamos por ello como una suerte de seguro al parado -una asistencia transicional en la lucha por el derecho al trabajo.

Bien visto, el SBU es un servicio a las patronales que encuentran en el monto del plan social un límite a la depredación salarial en numerosas actividades, como ocurre con lxs cosecherxs de la fruta, lxs trabajadorxs textiles y tantas otras. Los capitalistas reclaman -y el gobierno toma nota- la eliminación o su conversión en empleo precarizado, sea al servicio de los privados (como intentó en su momento el fracasado plan empalme del macrismo) o al servicio de los municipios y gobernaciones, liquidando condiciones laborales de los empleados públicos –como ocurrió con el infame programa “Ellas hacen” y “Argentina trabaja” bajo el gobierno de CFK.

En estos días trascendió que Cristina presentaría su propio proyecto en el Senado, a través de Juliana Di Tullio, que serviría, según dicen, para “ordenar el frente interno”: ¿más restrictivo aún para que resulte finalmente viable para la fondomonetarista Batakis?

Las mujeres y el SBU

Gago y Cavallero fundamentan que este ingreso universal permitiría remunerar el trabajo no pago de las mujeres que se ocupan de las tareas domésticas y de cuidado. Pero defienden una “remuneración” que es incluso menor a la que cobran quienes tienen como actividad laboral, en blanco, las tareas de cuidado –que, a su vez, están por debajo de la línea de indigencia.

Dicen que hay que vincular el SBU a la consigna “no es amor, es trabajo no pago” para “no cerrar la discusión que se quiere técnica sobre déficit fiscal”. En realidad, esquivan ellas el debate y la denuncia de los estragos que genera en la vida de las familias trabajadoras, y de las mujeres en particular, el recorte presupuestario que no va a obra pública para la creación de vivienda que les permita salir del hacinamiento y la extrema precariedad de vida, de centros recreativos para la niñez, centros de asistencia a las víctimas de violencia, escuelas para terminar con la falta de vacantes, centros de salud, red de transporte público accesible a las villas y asentamientos y un largo etcétera. Precisamente el reclamo que levanta la Unidad Piquetera para crear trabajo genuino mediante un plan de obra pública que atienda estas prioridades. Claro que para que sea viable hay que romper con la sumisión al FMI…

NUM reclama que “para salir de las violencias es necesario garantizar autonomía económica”. Pero presentar el ingreso de 14 mil pesos mensuales, que no podrá ser cobrado por más de un miembro por familia y que ni siquiera alcanza para garantizar la olla llena cada día, como una remuneración del trabajo doméstico, es un embellecimiento completamente alejado de la realidad de las mujeres pobres. Muchas de ellas viven a sometidas a situaciones de violencia dentro de sus hogares, empezando por la violencia económica, sin que el Estado tome una sola medida para asistirlas. Situación que se exacerba para la comunidad travesti-trans, a quienes no se les garantiza el cupo laboral.

En el caso de las trabajadoras de casas particulares, un millón y medio de mujeres con salarios promedio en la línea de indigencia, se convalida la discriminación laboral y salarial. El ingreso de 14 mil pesos rescata el régimen de esclavitud a las que el régimen las ha arrojado y se opone al reclamo por el que se vienen movilizando en todo el país por la apertura de una mesa salarial y el 100% de aumento. Lo mismo que ocurre con los denominados “trabajdorxs de la economía popular” -un eufemismo para embellecer la super-explotación laboral de quienes están fuera de todo convenio y privados de los más elementales derechos laborales.

El programa para las mujeres y diversidades no puede ser reducido a una demanda que generaliza la miseria. Las tareas domésticas y de cuidados deben ser absorbidas socialmente para que dejen de ser la pesada carga que oprime a las más precarizadas, mediante un plan de vivienda y obras públicas que permita crear trabajo genuino y socializar las tareas que recaen sobre las familias privadas de recursos e infraestructura. Es el programa de la Unidad Piquetera que moviliza a cientos de miles de mujeres a quienes, como dicen las compañeras, “quieren sacar de las calles pero no del hambre”.

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