Con apenas una frase, Daniela Milhein -una de los 13 imputados en el juicio por privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución de Marita Verón- probó la estrecha unión que existe entre la trata de personas y el juego: "Que yo sepa, era la única persona que tenía trabajando Ale como prostituta. El también tenía las maquinitas de póquer" (La Gaceta, 15/2). Se refería a Rubén "La Chancha" Ale, ex pareja de Milhein, quien está denunciado por Trimarco como uno de los principales narcos y capomafias de Tucumán.

A dos semanas de aquella declaración, sus palabras ganan fuerza, ya que el gobernador, José Alperovich, está empecinado en entregar el casino provincial a una empresa privada: Ivisa, la que ya gestiona desde diciembre de 2005 -cuando la provincia lo autorizó por contratación directa- las máquinas tragamonedas del casino. La pretensión del mandatario es que, desde ahora, se haga cargo también de las mesas (ruleta, black jack, póquer).

"¡En el único lugar del mundo donde el paño da pérdidas extraordinarias es en Tucumán! Evidentemente, el Estado no sabe manejarlo (al casino)", argumentó Alperovich para justificar su decisión (ídem, 13/3). Además precisó que, sólo en 2011, el casino perdió 10 millones de pesos.

El argumento fue desmentido por Julio Vaca, un crupier que hace 27 años trabaja en el casino. "El canon anual de las maquinitas que paga Ivisa es de 12 millones de pesos; sólo con eso, el casino (gana) 2 millones de pesos", aseveró (Primerafuente.com.ar, 16/3). Según sus declaraciones, buscan privatizar por otra cosa: "Es un verdadero negociado, donde los perjudicados, otra vez, son los trabajadores; el negocio pasa por el lavado de dinero" (ídem). En Tucumán, el negocio del juego se ha multiplicado por tres y, paralelamente, todo el entorno que rodea el juego: los kioscos de drogas y los prostíbulos, además de los peajes que recolectan entre distintas comisarías.

En relación con esto, Susana Trimarco volvió a meter el dedo en la llaga, al reclamar la clausura de 17 prostíbulos. Este reclamo, ya en 2009, se lo había efectuado al intendente de San Miguel de Tucumán, el ultrakirchnerista Domingo Amaya. Para ello, entregó un mapa donde se detallaba la ubicación de cada uno. En aquella oportunidad, el municipio había clausurado siete locales, pero no hizo nada cuando, al día siguiente, los dueños rompieron las fajas y volvieron a abrirlos. Entonces, Trimarco llevó su denuncia a Tribunales, donde durmió hasta el domingo 11 de marzo. Cuando todas estas circunstancias cobraron estado público por una nota que se publicó en La Gaceta -en la que se destacaba la demora de dos años y medio- recién entonces el intendente Amaya se apuró en ordenar la clausura.

Ni Alperovich ni Amaya, ni la Justicia. La lucha por acabar con la trata de personas, en tanto que es uno de los negocios capitalista más rentables, plantea la lucha a fondo contra el régimen capitalista que lo fomenta y encubre.

El 3 de abril se cumple un nuevo año de la desaparición de Marita Verón. Es una oportunidad para que en Tucumán, pero también en todo el país, se traduzca en una gran movilización popular el reclamo por la aparición con vida de Marita, el desmantelamiento de la redes y que los pesados de todas estas mafias (o sea los funcionarios políticos, judiciales y policiales) sean juzgados y condenados.