Este miércoles 27 se dictó sentencia en el juicio por el femicidio de la estudiante Anahí Benítez, de 16 años, abusada y asesinada en agosto de 2017 en Lomas de Zamora. Los jueces encontraron culpable a Marcos Bazán, pero darán la pena y los fundamentos el próximo 2 de junio. Este juicio fue reactivado de manera exprés, en medio de la cuarentena, y resuelto en dos días. Quienes aseguran que la causa esta armada para inculpar a un “perejil” (Bazán) y también el abogado de la familia, Guillermo Bernard Krizán, sostienen que el juicio está plagado de irregularidades y que faltan otros responsables en el banquillo de los acusados (Página12 27/5).

Como ya hemos señalado oportunamente, la investigación y la instrucción de la causa fueron malversadas desde el principio. En primer lugar, importa decir que Anahí estuvo, por lo menos, cuatro días viva, a menos de 50 cuadras de su casa y de la zona donde luego sería hallado su cuerpo. ¿Cómo es posible que decenas de policías y funcionarios judiciales que hicieron varios rastrillajes con drones y helicópteros no puedan encontrar a una nena durante ese lapso? Esto se explica por la oscuridad que rodea a una parte importante de los hechos cuyo alcance mas mucho más lejos de lo que este juicio nos ha mostrado: hasta la fecha, la justicia no pudo decirnos donde estuvo la joven ese tiempo, ni con quienes. Luego, la investigación se concentró en una sola dirección (Bazán) y todas las otras líneas fueron descartadas por la fiscal Fabiola Juanatey de la UFI 2 de Lomas, fiscalía especializada en violencia de género. La instrucción de la causa la realizó la misma policía que meses después sería descabezada porque su principal responsable, el comisario Damián Lozano, fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes y brindaba protección a prostíbulos para dejarlos funcionar en varios barrios de Lomas de Zamora. Para decirlo claramente, este juicio está basado en una investigación realizada por policías implicados con redes de trata y narcotráfico.

Impunidad para violadores y femicidas

Todas las pruebas que obran en la causa fueron manipuladas, no resguardadas con el debido protocolo y ensambladas para evitar buscar mucho más arriba de los implicados, incluso del propio Marcelo Villalba, sobre quien pesan pruebas concretas que lo relacionan con el crimen de Anahí: además de su ADN en el cuerpo de la joven se encontró el celular de ella en su poder y se comprobó que mintió cuando dijo no conocer a Anahí. A su vez, está comprobado que Villalba era un conocido dealer de Parque Barón. Sin embargo, una semana después de iniciado el juicio en febrero de este año, la defensa de Villalba pidió que fuera exonerado del proceso por presentar “delirios místicos”, argumentando que no podía ejercer su “legítima defensa” por presentar esos problemas psiquiátricos. Fue así que quedó fuera del juicio. Hasta hoy, ni los jueces López Moyano, Conti y Lugones ni el fiscal Hugo Carrion han informado de cómo seguirá la situación procesal de Villalba.

Por otro lado, llama la atención el silencio del intendente Martín Insaurralde y sus funcionarios sobre esta aberración judicial. Finalmente es el intendente quien debe dar explicaciones sobre estos hechos ocurridos en su distrito. Tienen una responsabilidad política en todo lo ocurrido y deben responder por ella.

Comisión investigadora ya para saber la verdad

Este juicio se ha demostrado incapaz de garantizar justicia para Anahí y su familia. Sobre el rol de Bazán debemos decir que por la manera en que esta presentada la causa no es posible determinar correctamente su responsabilidad en los hechos. Está claro que para quienes hemos luchado por la justicia por Anahí no nos da lo mismo si un inocente es condenado mientras los verdaderos culpables son protegidos por el poder judicial y político. E incluso si Bazán fuera efectivamente culpable faltan otros responsables materiales y políticos sentados en el banquillo de los acusados.

Por todo esto es que consideramos fundamental la conformación de una comisión investigadora independiente compuesta por profesionales del derecho, organizaciones de mujeres, familiares y amigos de Anahí, que evalué sobre lo actuado y todo el proceso. Esta comisión deberá determinar la validez o la anulación de lo resuelto por la justicia y la investigación de la policía y funcionarios comprometidos en el caso. La implementación de un nuevo juicio debiera recoger todas las líneas de investigación que la propia madre de Anahí denunció y que nadie siguió. Está claro que quienes han definido hasta ahora el devenir de este caso están más preocupados por resguardar la “integridad” del Estado, y sus agentes, que llegar a la verdad. Por eso planteamos que un eventual nuevo juicio debería estar presidido por un jurado popular que evalúe sobre toda la prueba producida. Reclamamos verdad y justicia para Anahí Benítez.