Un conjunto de organizaciones de mujeres se concentraron esta tarde frente a la Casa de la Provincia de Jujuy en CABA, ubicada en Av. Santa Fe 967, para denunciar al gobierno de Gerardo Morales y al Estado jujeño, tras el caso de la niña de 12 años que fue obligada a parir a pesar de haber solicitado la interrupción de su embarazo.

En el acto se leyó una declaración emitida por las mujeres en lucha de Jujuy. El texto impugnó las mentiras del gobierno de Morales, que ha buscado presentar este parto forzado como una Interrupción Legal del Embarazo, y señaló que la niña “fue usada como incubadora”, en un caso de abuso de autoridad, violencia institucional y tortura. El accionar del Estado atentó incluso contra el artículo 86 del Código Penal que rige desde 1921, que admite abortos no punibles por violación y riesgo de vida de la mujer (ambas condiciones se daban en este caso), y el fallo F.A.L. de la Corte Suprema.

El comunicado desmintió la tesitura del ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, de que existía “un vacío legal” por el momento del embarazo, marcando que el Código Penal establece causales y no plazos. Se señaló que Bouhid “es militante declarado de los anti-derechos y hace abuso de su posición para imponer sus creencias religiosas”, y se exigió la renuncia del ministro.

A su turno, las organizaciones firmantes denunciaron públicamente “al Gobernador Morales, a su Ministro de Salud, Gustavo Bohuid, al director del Hospital Paterson, Marcelo Villa y al Jefe del Servicio de Toco Ginecología, Daniel Rocha, del mismo hospital; a la Directora del Hospital Materno Infantil Alice Vargas y al Jefe de Servicio de Maternidad Provincial Gustavo Briones. No solo incumplieron con los protocolos establecidos, sino que pretenden retroceder en los derechos garantizados por la normativa vigente, a través de la manipulación y la tergiversación de la información que vertieron a través de algunos medios de comunicación”.

Vale recordar que intervinieron en estos hechos hasta el arzobispo local, que envió un comunicado desde Roma para boicotear la interrupción del embarazo, y la diputada nacional de la UCR-Cambiemos Mary Burgos, que se movilizó hasta el hospital con este mismo objetivo.

Las organizaciones presentes -entre ellas el Plenario de Trabajadoras- señalaron que el Estado es responsable y reclamaron educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

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