A tan solo dos días de una masiva marcha que en Córdoba denunció la violencia hacia las mujeres, tuvo lugar la sentencia en el caso de Flavia Saganias. Los Tribunales de la localidad de Cruz del Eje la condenaron a 23 años de prisión efectiva por denunciar en su cuenta de Facebook al abusador de su hija de 6 años.

La sentencia provocó la conmoción y el repudio generalizado del movimiento de mujeres de la provincia, como también de organizaciones contra el abuso sexual infantil que hace años denuncian el encubrimiento y la impunidad que garantiza la justicia provincial a pedófilos y violadores.

El caso 

Flavia Silvana Saganias, mamá de cinco niños, en el año 2017 había denunciado ante la justicia a su ex pareja, Gabriel Fernández, por abusar sexualmente de una de sus hijas.

En aquel momento la investigación judicial se llevó adelante con los mismos mecanismos deficitarios y revictimizantes que organizaciones contra el abuso sexual infantil vienen denunciando desde hace años como formas de garantizar la impunidad de los abusadores.

Entre las agrupaciones que denuncian este accionar se encuentra #NiUnNiñoMas que tiene 23 denuncias de abuso archivadas por “falta de prueba” contra la institución educativa Collegium, y que ha solicitado el juicio político por mal desempeño de su cargo a la Fiscal de delitos contra la integridad sexual, Alicia Chirino, famosa por archivar causas y encubrir pedófilos bajo la inexistente figura psicológica de Síndrome de Alienación Parental (S.A.P.)   

Como ocurre en la mayoría de los pueblos del interior de Córdoba, en Capilla del Monte, lugar donde ocurrieron los hechos, no existen dependencias para la recepción de denuncias y mucho menos contención a las víctimas. Por tal razón, Flavia debió realizar la denuncia por el abuso de su hija en la localidad de Cosquín a 50 kilómetros, mientras que la tramitación de la causa se realizó en Córdoba capital, asumiendo el costo de las diligencias y traslados.

En el marco de una precaria investigación, solo se le realizó una entrevista de diez minutos a la niña en Cámara Gesell lo que determinó de forma instantánea, que no había indicio de abuso sexual. Sin asesoramiento adecuado, ni perito de parte, ni abogado querellante, la causa se archivó, dejando en libertad al abusador y expuesta a la víctima al contacto con su victimario.

No teniendo opción, Flavia decidió realizar un descargo en su cuenta de Facebook alertando sobre “un abusador suelto en el pueblo”. El posteo rápidamente se viralizó provocando la revoltosa reacción de familiares y amigos que atentaron contra Fernández e incendiaron su vivienda.

A partir de ese momento la justicia invirtió los roles. Flavia pasó a ser victimaria y debió enfrentar una imputación bajo la carátula de “instigación al delito”. Cabe advertir que ella siquiera estuvo en el lugar de los presuntos hechos violentos, y solo se enteró de lo ocurrido una vez notificada de la denuncia entablada por Fernández.

Tras dos años de un proceso aberrante, en un juicio por jurados que tuvo lugar en el marco de un operativo mediático de victimización del abusador y de ensañamiento contra Flavia, se dictó un fallo que la condenó a 23 años de prisión por el solo hecho de ejercer la defensa de su pequeña hija.

Con el fallo, la justicia busca autoencubrirse por la falta de respuestas ante un hecho atroz y su bárbaro desenlace.

La hostilidad, ensañamiento y la disparidad del accionar de la justicia se desprende del solo relato de los hechos. La experiencia indica que siquiera para el violador, de haberse investigado y comprobado el abuso sexual, la justicia hubiese dispuesto una condena de tamaña magnitud.

Una condena ejemplar

La sentencia constituye una nueva afrenta al movimiento de mujeres de conjunto. La absurda acusación de “haber instigado hechos de violencia” contrasta con las innumerables absoluciones a violentos, femicidas y abusadores que pesan sobre la justicia cordobesa.

Una vez más, el andamiaje judicial burocrático y misógino está al servicio del encubrimiento de la violencia y los abusos, como herramienta central de una política estatal de silenciamiento a las mujeres.

Asimismo, el caso dibuja de cuerpo entero al gobierno de Juan Schiaretti que destina migajas a la asistencia material y jurídica de las víctimas, mientras derrama demagogia e hipocresía en materia de género. Las mismas trabajadoras del Polo Integral de la Mujer y de las áreas de recepcion de denuncias de delitos contra la integridad sexual revelan la precarización laboral, falta de personal y de insumos para atender casos que llegan de toda la provincia.

Pero fundamentalmente el fallo tiene un carácter ejemplar que intenta aleccionar a quienes no se resignan y ante el desamparo estatal se refugian en la potencialidad de un movimiento de mujeres que ha decidido no callar más.

Desde el Plenario de Trabajadoras junto a #NiUnNiñoMas y al movimiento de mujeres  repudiamos enérgicamente esta sentencia misógina como la expresión de todo un régimen político que sostiene la violencia y la opresión hacia mujeres e infancias, y llamamos a la movilización independiente hasta arrancar las justicia para Flavia y su hija.