Desde el viernes 18 de diciembre, dos jóvenes de 14 y 15 años, alumnas del 8° año de la Escuela Técnica N° 13, desaparecieron mientras se dirigían de sus casas -en el barrio Nicole, de Virrey del Pino, La Matanza-, hacia la casa de una amiga en el vecino barrio Ezcurra. Tres días después, las encontraron en estado de shock en una casa quinta conocida como “La Gauchita’, ‘ubicada a sólo dos cuadras de la Comisaría 2a, lugar al que las llevaron a la fuerza y donde les dieron alcohol y drogas, y las violaron.

En la comisaría se habían negado a tomarles la denuncia. La misma comisaría y el mismo accionar que en el caso de la desaparición de Micaela Bernal. La denuncia se pudo hacer recién el sábado a la tarde, bajo la presión de cien vecinos.

La movilización de los vecinos logró que el domingo comience a actuar el grupo de apoyo de la Jefatura Departamental, sobre las pistas que los mismos vecinos habían logrado. De esa manera se llegó a la “La Gauchita” propiedad del “Negro Fabio’,’ dueño del local bailable de Vaticano Km 35 y Parador Buenos Aires Km 36 de Virrey del Pino. A pesar de las denuncias de los vecinos, ese lugar no fue allanado por la policía.

La desaparición de jóvenes en La Matanza ya es un hecho cotidiano y los principales factores de inseguridad provienen de arriba. Debemos poner en pie asambleas barriales, reuniones en los colegios secundarios desde los centros de estudiantes, asambleas de maestros y padres.

•             Aparición con vida de las niñas y mujeres desaparecidas.

•             Subsidios para las víctimas iguales al costo de la canasta familiar.

•             Equipo de profesionales interdisciplinario, con cargo estable en los municipios, para el tratamiento de las víctimas.

•             Registro nacional de desaparecidas a cargo del Estado y bajo control de las organizaciones de lucha contra las redes.

•             Incautación de los bienes de los tratantes.

•             Apertura de los registros de las comisarías, destitución de todos los efectivos y su reemplazo por una fuerza de seguridad reclutada entre las organizaciones de derechos humanos y de los trabajadores.