El pasado viernes 19 de julio, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de 18 años al femicida Alberto Ángel Pérez, más conocido en el barrio como el “Loco” Cacho, por el asesinato de Silvia y Yamila Rosso. 

El caso Rosso fue uno de los innumerables hechos, que sin lugar a dudas deben ser caratulados como femicidio. El crimen de Silvia y Yamila (madre e hija) en el mes de diciembre de 2014 en Villa Tranquila (Avellaneda) por parte de Pérez, hombre con fuertes contactos con los integrantes de la comisaría de la zona.

La única lucha que se pierde es la que se abandona

Luego de disparar contra Silvia y Yamila, el “Loco” Cacho decidió escaparse del país, sin ningún tipo de guardia policial que se lo impida. 

Las constantes movilizaciones, actos, conferencias de prensa, radios abiertas y escraches fueron las herramientas para presionar a la justicia, y que el doble femicidio no quede archivado e impune.

En el año 2015 se logró dar con su paradero en Brasil, luego de haber sido nuevamente denunciado ante casos de violencia de género hacia su pareja en ese momento. Fue detenido y un año después deportado a la Argentina, para ser juzgado dos años más tarde.

En el mes de septiembre del 2018 la justicia lo condenó a dieciocho años por los cargos de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego (la fiscalía había pedido una pena de 30 años).

La condena no podría haber ocurrido sin las instancias de organización y lucha que llevaron adelante los familiares y amigos de las Rosso.

Responsabilidad estatal

Los Estados nacional, provincial y municipal son responsables de la violencia que sufren las mujeres, que incentiva como un medio de disciplinamiento social.

Convocamos a los vecinos y trabajadores de Avellaneda a organizarnos, siguiendo el ejemplo de los familiares y amigos de las Rosso. Para terminar con los femicidios y toda forma de violencia hacias las mujeres, luchemos por aumento presupuestario para la lucha contra la violencia de género; asistencia maternal, médica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia; por un Consejo Autónomo de Mujeres, electo y revocable desde los 13 años de edad. 

¡Ni Una Menos! 

El Estado es responsable.