El asesinato de Úrsula Bahillo a manos de su expareja, el agente de la Policía Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, a quien había denunciado ya varias veces, y la posterior represión policial a quienes se movilizaron en el distrito bonaerense de Rojas para exigir justicia; mostraron de manera muy nítida el carácter femicida de las fuerzas represivas del Estado y hasta qué punto la Justicia es cómplice de estas muertes anunciadas. Se vio también a un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad infructuoso a la hora de enfrentar la ola de crímenes por motivos de género, que sigue creciendo en el país.

Frente a la conmoción nacional que suscitó este nuevo femicidio, el gobierno nacional ensayó distintas maniobras para desligarse de la responsabilidad política. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta cargó las tintas en la falta de perspectiva de género que existe en el Poder Judicial y en la policía, e informó que se está impulsando un trabajo en común con el fiscal Sergio Terrón -a cargo de la investigación. A su vez, el rechazo popular al accionar policial obligó a que la dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense tuviera que intervenir la comisaría de Rojas y la Comisaría de la Mujer, pero es una puesta en escena.

Pero además, Alberto Fernández anunció la creación de un Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios destinado a “la prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de este tipo de delitos”. El mismo estará integrado por “las máximas autoridades nacionales y provinciales de los ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y de las Mujeres, Géneros y Diversidad” (La Nación, 13/2).

Esta última medida, anunciada luego de que se llevaran a cabo 342 femicidios bajo la gestión actual, busca desviar la indignación popular frente a este flagelo pero no colaborará en revertir el cuadro de situación. Se trata de una reedición con distinto nombre de la “Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivo de Género” que se constituyó en abril del 2020, y nada ha hecho.

Las iniciativas adecuadas para resguardar a las víctimas y evitar un desenlace fatal chocan con la orientación oficial de destinar los recursos del país al rescate de una deuda externa usuraria, y de empoderar a las fuerzas represivas para hacer pasar el ajuste. Una prueba contundente de que la creación de más organismos institucionales no implica un avance para las mujeres es el hecho de que exista hoy en día un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad mientras ocurre un femicidio por día y se agudiza la feminización de la pobreza (7 de cada 10 personas del grupo poblacional con menos ingresos son mujeres).

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Desprotección estatal

El caso de Úrsula ilustra la desprotección estatal que padecen las víctimas que se animan a denunciar: la perimetral fue incumplida tres veces por parte de Martínez, sin que esto derivara en su detención; no había ningún sistema de monitoreo hacia el denunciado, y mucho menos un dispositivo psico-socio-educativo destinado a abordar al violento. Ella no contaba con patrulla las 24 horas a pesar de que se trataba de un caso de alto riesgo (teniendo en cuenta que su agresor era policía); ni siquiera le otorgaron el botón antipánico que solicitó, ya que el pueblo de Rojas (de 20.000 habitantes) sólo cuenta con diez (Infobae, 10/2).

Como si esto fuera poco, el juez de paz Luciano Callegari llegó al punto de ordenar una pericia psiquiátrica a Úrsula para evaluar la “veracidad” de sus denuncias, mientras permitía que el victimario actuara a sus anchas amparado en una carpeta psiquiátrica.  Situaciones homólogas aparecen en los testimonios de un sinnúmero de mujeres violentadas que acuden a algún estamento del Estado en busca de herramientas para intentar salir de esa situación.

Sucede que “los juzgados que dictan las medidas no controlan su cumplimiento ni realizan ninguna actividad consecuente frente al incumplimiento. La delegación en la policía de funciones tales como la notificación de medidas de protección, las investigaciones (…) y el deficiente accionar de las fuerzas de seguridad cuando son convocadas a actuar en casos de flagrancia que involucran Violencia por Razones de Género (VRG) son problemas recurrentes en la Argentina” (Anfibia, 9/2).  En línea con lo anterior, observamos que el 78% de las causas penales por violencias de género que se tramitan en el fuero penal de la provincia de Buenos Aires son calificadas como delitos leves, y en su mayoría terminan archivadas cuando configuran lesiones, amenazas, desobediencia y violación de domicilio (Página 12, 12/2). Lo que ocurre, tal como afirmó en una entrevista para Página 12, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Lobozzetta, es que “opera muy fuerte el descreimiento frente al testimonio de las víctimas; la palabra y la vida de las mujeres para el sistema judicial no valen” .

Por otra parte, la descentralización de las denuncias en el ámbito judicial le allana el camino a los violentos. Martínez ya tenía denuncias en su contra a raíz de haber violado a una menor de edad con discapacidad y haber amenazado con el arma reglamentaria a una de sus exnovias; no sólo había sido trasladado de localidad y aguardaba el juicio por estos delitos en libertad, sino que tales antecedentes no fueron tenidos en cuenta por quienes recibieron las denuncias de Úrsula a los fines de evaluar la peligrosidad de quien acabó asesinándola.  Tampoco existe un programa de patrocinio jurídico gratuito para que una abogada lleve la causa, y no que la víctima y su familia lidien solas contra las instituciones (Infobae, 11/2).

Todos estos aspectos, atribuibles en primera instancia al Poder Judicial, cuentan con la anuencia del gobierno. En primer lugar, la designación de jueces corre por cuenta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Por otra parte, en todo este tiempo no hubo ningún intento por parte del Ministerio que encabeza Gómez Alcorta de desarmar este andamiaje de revictimización; el organismo ni siquiera cuenta con seguimiento alguno de las denuncias por violencia de género radicadas en la Justicia. La política gubernamental en este terreno se basa en dejar al “lobo al cuidado de las gallinas” , y evidentemente las observaciones sobre el accionar del aparato judicial para desmarcarse son absolutamente circunstanciales.

Al mismo tiempo, el planteo esbozado por sectores del oficialismo en torno a la necesidad de que exista una “Justicia feminista”, pero sin plantear el voto popular de sus integrantes y la revocabilidad de los cargos, no pasa de la demagogia. Lo cierto es que lejos está de la agenda oficial pretender modificar dicha maquinaria, puesta al servicio de perpetuar la violencia contra las mujeres como mecanismo de disciplinamiento social.

Sin ir más lejos, el área de Géneros y Diversidad de Rojas, dependiente del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género  y Diversidad de la provincia de Buenos Aires que dirige Estela Díaz, tan solo cuenta con dos personas en su plantel y carece de presupuesto propio. Esta precariedad imperante en la asistencia a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género quedó por fuera del balance gubernamental sobre los acontecimientos. Las funcionarias del Ministerio feminista se rasgan las vestiduras por el femicidio de Úrsula pero no destinan los recursos necesarios para garantizar un abordaje integral -que incluya asistencia psicológica y económica- de cada caso. A esto se le suma la falta de acceso a la vivienda, los salarios de hambre y la desocupación creciente, obra de las políticas del gobierno.

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Femicidios de uniformados

Lo ocurrido se inscribe en la larga lista de femicidios policiales. Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la última década por lo menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas miembros de fuerzas de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo a las estadísticas que lleva la Casa del Encuentro, esos casos fueron 214 desde 2008. Según el observatorio Mumalá representan el 12% del total de los femicidios cometidos en lo que va del año (Tiempo Argentino, 10/2). Datos otorgados por la Procuración de la Provincia de Buenos Aires reflejan que una vez por semana un policía de la Bonaerense es denunciado por violencia de género. Lo que estos registros no contabilizan es la cantidad de mujeres que no denuncian a sus agresores policías, conscientes de la cobertura estatal que reciben. El Estado educa e imparte violencia de género.

Un aliciente para que esto ocurra es la portación del arma reglamentaria las 24 horas por parte de los uniformados. De hecho, no necesariamente a un policía denunciado por violencia de género se le quita el arma inmediatamente. Esto se debe a que las distintas fuerzas se rigen por normativas diferentes al respecto, dado que la legislación nacional es muy ambigua: “A finales de diciembre pasado el gobierno nacional dispuso la restricción de portación, tenencia y transporte de armas al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales denunciados por violencia de género ‘cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso’, detalla la resolución 471/2020” (Feminacida, 9/2).

Atendiendo a esta problemática, que se traduce en que el 25% de los femicidios con arma de fuego son perpetrados por personal policial, la diputada provincial de Juntos por el Cambio Noelia Ruiz presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para restringir de manera parcial o total la portación del arma reglamentaria en casos de que exista denuncia por violencia de género. La iniciativa resulta estéril si reparamos en la magnitud del encubrimiento que existe entre compañeres de armas, como mostró la represión que sufrieron los familiares y amigues de Úrsula en las puertas de la Comisaría de Rojas mientras reclamaban justicia, o bien la impunidad de que gozaba Martínez a pesar de las múltiples denuncias en su contra.

Desde el CELS destacan que en todos los casos de femicidios policiales reinan las prácticas de encubrimiento por parte de la institución. Las mismas se ven favorecidas por el hecho de que es la policía la encargada de controlar los primeros momentos de las escenas donde ocurren los crímenes, lo que permite falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión.

Sucede que la policía y sus miembros, como parte del aparato represivo del Estado, son los primeros en impartir las pautas de sometimiento que emanan de este régimen social y que encuentran en la violencia hacia las mujeres uno de sus principales bastiones. La matriz que explica las cifras mencionadas anteriormente es el rol de brazo armado de la clase dominante en pos de regimentar a los trabajadores, dentro de lo cual inferiorizar y violentar a las femeneidades juega un papel de primer orden.

El gobierno nacional y los provinciales empoderan a esta policía femicida. Kicillof le ha otorgado a la policía de Berni un aumento salarial del 43% que contrasta con la inmensa mayoría de las paritarias que cerraron a la baja, y destina constantemente partidas presupuestarias para nuevas flotas de patrulleros. Quienes nos gobiernan se valen de las fuerzas represivas a la hora de aplicar sus políticas de ajuste.

La creación de un Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, que anunció Alberto Fernández, jamás se dispondrá a desarmar estas usinas del delito y del gatillo fácil como son las fuerzas policiales. Por el contrario, dicho organismo contará entre sus integrantes con Sergio Berni, máximo responsable del asesinato de Facundo Castro e impulsor del desalojo de miles de familias sin techo -como en Guernica.

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Por un Consejo Autónomo de Mujeres

No podemos confiar a ningún Consejo Interministerial la tarea de poner fin a las violencias que se descargan sobre las mujeres. Sus miembros seguirán siendo los mismos funcionarios del Estado capitalista que condena al sometimiento y a la muerte a la población femenina.

Es preciso que, con la fuerza de la movilización callejera, el movimiento de mujeres pelee por poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres, electo y con financiamiento estatal, para que seamos nosotras quienes resolvamos las medidas que nos involucran, y no nuestros detractores. De esta forma podremos garantizar una real protección a las víctimas y avanzar en el conjunto de las demandas.

El 17 nos haremos presentes en todos los tribunales del país para exigir justicia por Úrsula y por todas las que nos faltan, encauzando el grito de “paren de matarnos” en una lucha a fondo contra el Estado.

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