El Plenario de Trabajadoras repudia el fallo de la justicia cordobesa que prohíbe la distribución de la píldora del día después como anticonceptivo de emergencia en los centros de salud provinciales. Es un nuevo ataque contra los derechos de las mujeres, ejecutado por una institución del Estado que, una vez más, sirve a los intereses de la Iglesia Católica en contra de la vida de las mujeres y la salud de la población.

Repudiamos también la perfidia del ministro de Salud, Oscar González. El ministro toma la “posta” que le tira el presidente de la Cámara de Apelaciones, Mario Sársfield Novillo. El juez dijo: “No se trata de una prohibición, dado que se puede prescribir sin ningún problema la ‘píldora del día después’ como anticonceptivo, pero no como medida de ‘emergencia’…”. González responde: “¿Cómo hacemos nosotros para entregar el medicamento, a través de nuestros médicos y hospitales, y certificar y preguntarle a una mujer ‘¿usted tuvo sexo anoche o lo va a usar porque va a tener sexo dentro de un rato?”. El ministro asume que debería “camuflar” como anticonceptivo general este medicamento, para no pelearse con la Iglesia.

Pero su estratagema significa un segundo atentado contra la salud de las mujeres, ya que el Anmat (el organismo encargado del control y la aprobación de los medicamentos y anticonceptivos en el país) ha explicado claramente que la píldora del día después (la droga es Levonorgestrel) es un “instrumento anticonceptivo de emergencia y nuestra intención es educar a la población para que lo utilice sólo en esos casos, no como un anticonceptivo más”. El fallo de la cámara cordobesa -alertó el Anmat- “alienta en cierta medida a hacer un uso incorrecto de la ‘píldora del día después’, al decir que se la prohíbe dentro del Programa pero que queda liberada su comercialización. Es una falacia conceptual, con el riesgo de que se la use como un anticonceptivo común y corriente”.

La anticoncepción de emergencia está incluida en todos los protocolos para casos de violencia sexual y debe entregarse junto con medicación preventiva de VIH en las primeras 12 horas. La Cámara cordobesa no sólo está llamando a violar la ley. Está promoviendo los embarazos no deseados, el aborto ilegal y, en consecuencia, la muerte materna que en los últimos cinco años ha tenido un brusco incremento del 19%.

“Nosotros no estamos para dirimir cuestiones de ética religiosa, sino para ocuparnos de la salud de la población”, aseveró González. Exigimos que actúe en consecuencia. Que el gobierno nacional y provincial cumplan sin cortapisas el programa de Salud Sexual y Derechos Reproductivos y garanticen la existencia y distribución de la píldora el día después en todo el sistema de salud.

Llamamos a los profesionales de la salud y a las organizaciones de mujeres, sociales y políticas, a movilizarse para exigir al Estado que cumpla con la ley y garantice nuestros derechos.