El pasado lunes se avanzó en la detención de Marcelo Moreno Pérez, miembro de la iglesia mormona Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la localidad de Villa Allende, quien está acusado de haber violado a una niña de 14 años.

El abuso sexual con acceso carnal ocurrió en el año 2017, mientras Moreno trasladaba a la menor a su hogar luego de una actividad coral de la iglesia. El aberrante hecho involucra, también, a la institución en la cual Moreno tenía un cargo jerárquico.

Es que tal como trascendió en medios locales, la organización religiosa estableció un acuerdo con la familia por 4,5 millones de pesos a cambio de que nadie hable de lo ocurrido y se esconda la violación.

Entre las cláusulas del “acuerdo”, que fue homologado por la justicia civil, se encuentra el planteo de que la niña y su familia desistan de iniciar cualquier otra acción contra la iglesia y no divulguen el hecho.

Otra mención cabe para la justicia penal ya que a pesar de existir una denuncia, el acusado gozó durante 4 años de libertad, siguió asistiendo a la iglesia y daba clases en una escuela pública de la provincia. Una situación a la que la “justicia” nos tiene acostumbradxs, lo que se evidencia en que solo el 3,8% de las denuncias por abuso llega a instancias de juicio.

Todo este cuadro de impunidad no nos sorprende. Las cúpulas de todas las religiones han sido garantes de encubrir abusadores, producto de la injerencia que tienen sobre el Estado al ser una pata fundamental de la regimentación del sistema capitalista.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos que se avance en la investigación y la condena para todos los miembros de la iglesia Jesucristo de los Santos involucrados en este hecho aberrante.

Vamos por la separación de la iglesia y el Estado para dar por tierra con el amparo político de los nefastos delitos del personal religioso y también contra el tutelaje ideológico y oscurantista que implica para la sociedad. Por la educación sexual integral, laica y científica, respetuosa de las diversidades como vía para develar los abusos, cuya implementación se ve entorpecida por la propia intromisión del clero con la connivencia estatal.