El pasado lunes 26 de diciembre, luego de agonizar durante tres días en un hospital provincial, falleció Nancy Zapata. La mujer de 51 años fue acribillada por un sujeto motorizado cuando salía de su domicilio ubicado en el barrio Marqués Anexo, en la capital.

Por la causa, que se encuentra a cargo del fiscal de violencia familiar y de género de sexta nominación, se encuentra imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego Rubén Alfaro de 47 años, quien es cuñado de la víctima y se entregó el pasado miércoles luego de estar varios días prófugo.

Es que según trascendió, el brutal hecho se trataría de una venganza. Resulta que en noviembre del 2021 la hija de Nancy, que por entonces tenía 16 años, denunció por abuso a Rubén Alfaro (h) de 22 años, el cual fue imputado por abuso simple por la fiscalía de delitos contra la integridad sexual de segundo turno, a cargo de Ingrid Vago.

Es a partir de este momento que comenzaron los hostigamientos y las amenazas por parte de la familia Alfaro. Frente a esta situación, Nancy y su hija ya habían radicado al menos cinco denuncias. Las presentaciones, asentadas en distintas unidades judiciales, no fueron acumuladas y aunque se dispusieron medidas de protección como el botón antipánico y una perimetral, no fueron suficiente.

Nancy y su hija fueron doblemente víctimas, en primer lugar, del abuso, las amenazas y el hostigamiento perpetrado por la familia Alfaro y en segundo lugar de una justicia y un Estado que no dio respuestas a tiempo.

La muerte de Nancy era un hecho sumamente evitable y es una muestra más de las enormes limitaciones que tienen las instituciones, que responden a un régimen que se nutre de violentos y abusadores, responsables de sostener la violencia estructural.

Exigimos justicia por Nancy y su hija. Vamos por un fuero único especializado en violencia de género con cargos electos y revocables que de respuestas efectivas. El Estado es responsable.