El pasado lunes 25 de diciembre, Andrea Aguirre de 38 años fue asesinada a puñaladas por su esposo, Matías Aragone de 44 años. El femicidio ocurrió aproximadamente a las 22 horas en el barrio El Bosque de la localidad de Salsipuedes, ubicada a 35 km de la capital cordobesa.

En el lugar del hecho se encontraban las hijas de la pareja de 11 y 9 años, quiénes debieron ser trasladadas al nosocomio zonal de Unquillo tras presentar heridas cortantes en sus brazos. El femicida fue trasladado al Hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde luego falleció como consecuencia de cortes en la garganta y el abdomen que él mismo se habría ocasionado.

Según las primeras investigaciones, la víctima le había pedido a su esposo que dejara de beber, ya que se encontraba en estado de ebriedad, a lo que Aragone hizo caso omiso y la atacó con un arma blanca. El caso quedó asentado en la Fiscalía de Violencia Familiar y Violencia de Género, a cargo de Andrea Martin Artesi.

Tras el inicio de la investigación se conoció que Aragone ya había sido denunciado por Aguirre en 2019 e imputado por el fiscal de violencia de género y familiar, Pablo Camacho, por amenazas calificadas y violación de domicilio. Por el hecho, el victimario estuvo preso un tiempo y luego recuperó la libertad.

La causa fue elevada a juicio, pero la cámara 7ma del crimen dirigió el caso a la Oficina Centralizada de Violencia Familiar donde consideraron que no era de juzgamiento prioritario ya que el hombre no tenía antecedentes. Así mismo, el equipo técnico consideró que no existía riesgo para Aguirre, por lo que el juicio no se llevó a cabo y la causa prescribió el 10 de febrero del corriente año.

En medios locales, el fiscal Camacho, que estaba a cargo de la investigación, explicó que “no habiendo condenas anteriores, aún en el caso de que se hubiese hecho el juicio y condenado, la pena hubiese sido baja y de ejecución condicional por lo que habría estado en libertad igual”.

Lo expuesto es el botón de muestra de la extrema desprotección que sufrimos las mujeres como consecuencia de las trabas y dilaciones del Poder Judicial y todas las instituciones del Estado, que hacen oídos sordos a nuestras demandas, mientras son las garantes de la violencia estructural hacia nosotras, dejándonos a merced de nuestros agresores.Lo que explica, en parte, que a pesar de la enorme lucha del movimiento de mujeres, una mujer siga siendo víctima de femicidios, en la mayoría de los casos evitables, cada 30 horas.

Con esto queda demostrado, una vez más, el fracaso de la política de género del PJ provincial. Es que la salida para enfrentar la violencia no puede venir de funcionarias funcionales al ajuste de los gobiernos, que recortan presupuestos a la medida del FMI, tal como se evidenció con la degradación del Ministerio de Mujeres de la provincia a secretaría, en sintonía con el gobierno nacional.

A la violencia debemos enfrentarla con un movimiento de mujeres independiente y de lucha. Así lo entendieron las compañeras de Salsipuedes que movilizaron el pasado martes estableciendo que no alcanzan las denuncias si hay ausencia de políticas públicas que aborden seriamente la violencia de género y su eslabón más profundo, los femicidios.

Vamos por un consejo autónomo electo y con cargos revocables, un fuero judicial único especializado en violencia de género, con jueces y fiscales electos y un plan integral de asistencia a víctimas de violencia. Justicia por Andrea Aguirre. El Estado es responsable.

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