La sentencia por el caso Paola Acosta, el 7 de octubre, a días de cumplirse un año del hecho, deja lecciones políticas.

 

El juicio de Paola tuvo en vilo a la provincia no sólo por las circunstancias del caso, sino porque se llegó a esta instancia después de un profundo proceso de movilización popular -que tuvo su momento de auge el 3 de junio. Sin lugar a dudas, la condena a perpetua a Gonzalo Lizarralde es un triunfo de este proceso, en el que la población acompañó a la familia en la lucha por justicia.

La Cámara 11 del Crimen condenó a Lizarralde a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía en relación a Paola y de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y alevosía en el caso de Martina, su hija, desestimando el agravante de femicidio solicitado por la fiscalía y la querella.

 

El Poder Judicial cordobés ha rehusado, sistemáticamente, aplicar la calificación legal de femicidio en por lo menos 25 casos que fueron llevados a juicio desde de la inclusión del agravante en la reforma del Código Penal en 2012.

 

Un mes antes de la sentencia del caso de Paola, la Cámara 7ª condenó a 27 años y denegó la calificación de femidicio a la ex pareja de Marta Núñez, de la localidad de Cañada de Luque, quien en diciembre de 2013 la golpeó y degolló frente a sus hijos, violando la orden de restricción de la Justicia.

 

La denegación de la calificación de femicidio desnuda la concepción de violencia de género asumida por el Estado.

 

La Cámara 11 busca desconocer el carácter del crimen cometido contra Paola por su condición de mujer y va en la línea de exculpar a las instituciones que no le garantizaron a la pequeña la cuota alimentaria y la obra social que el padre se negaba a otorgarle.

 

Al desestimar la figura del femicidio, la corporación judicial niega el carácter eminentemente social y de género del fenómeno, cubriendo con un manto de impunidad a los estamentos del Estado que, por acción u omisión, fueron incapaces de proteger la vida de las mujeres; lo colocan en el ámbito de las "relaciones interpersonales" y tácitamente se apela a la perimida figura del "crimen pasional" para justificarlo.

 

Profundizaremos el camino de la movilización provincial independiente por un nuevo Ni Una Menos y por un programa contra la violencia hacia la mujer, que parta de la denuncia de la responsabilidad estatal.