El lunes 4 de julio, en la Cámara Sexta del Crimen comenzó el juicio con jurados populares por el femicidio de Karina Bustos. Por el caso está imputado Fernando Coronel, pareja de Karina, quién en esta primera audiencia confesó haberla matado bajo los efectos de estupefacientes. Se cree que el motivo de la declaración sería conseguir el cambio de carátula de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género a homicidio culposo, lo que reduciría la pena.

Vale recordar que el cuerpo sin vida de Karina fue encontrado completamente calcinado el 12 de mayo del 2020, dentro de un cajón en un basural en Villa Martínez. Las imágenes de la cámara de seguridad del edificio donde vivía la pareja fueron claves, ya que mostraron como Coronel arrastraba un cajón idéntico al que posteriormente se encontró, por lo que el hombre está detenido desde el momento del hallazgo.

Familiares de la víctima declararon que esperan la condena de cadena perpetua, lo que significaría 35 años de prisión. Así mismo establecieron que Karina no sufría violencia física, pero si psicológica por medio de manipulaciones y destratos, pero que nunca se hubieran imaginado que la situación podía desencadenar en un hecho tan aberrante.

Es que la manifestación macabra de este caso da cuenta del clima de descomposición social que impera en el que las mujeres somos tratadas como deshechos, algo que no se reduce estrictamente al plano privado, ya que el Estado también nos trata así cuando desoye nuestras denuncias, garantiza la impunidad a los violentos y recorta presupuestos para combatir la violencia, pese al crecimiento de los femicidios.

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos a la familia de Karina en su pedido de justicia y llamamos a reforzar la lucha independiente del movimiento de mujeres contra la violencia, los femicidios y la opresión. Vamos por un Concejo Autónomo de Mujeres y un fuero único en la justicia especializado en violencia de género, con cargos electos y revocables, por centros integrales para asistir a las víctimas y subsidios, que supere la canasta básica familiar, hasta que la persona violentada pueda alcanzar su independencia económica. Justicia por Karina. Ni una menos, el Estado es responsable.

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