A un año de la muerte de Sathya Aldana, familiares y amigos, junto a la Asamblea Ni Una Menos, mamás protectoras de niñxs víctimas de abuso sexual infantil (ASI) y sobrevivientes de ASI, desarrollaron una marcha a Tribunales I. Con la protesta se planteó que el Estado lejos de dar respuestas a la víctima, hasta el día de la fecha mantiene impune al violador.

Cabe recordar que Sathya Aldana, de 19 años, se quitó la vida el 19 de enero del 2020 frente a la falta de respuestas del Estado y la Justicia luego de que en 2017 denunciara, en el Polo Integral de la Mujer, que su progenitor abusó de ella desde los 8 años hasta los 14. Pasado más de dos años de la denuncia y después del trágico desenlace recién se avanzó en la elevación a juicio de Wálter Manuel Insaurralde que está acusado por abuso sexual continuado gravemente ultrajante, agravado por el vínculo en concurso real. Para la Fiscalía la acusación representa una pena máxima de 20 años.

Prensa Obrera dialogó con Nancy, mamá de Sathya, y Daniela, su abogada, quienes se constituyeron como querellantes en la causa y están a la espera de que en febrero se empiecen a desarrollar las audiencias.

La abogada manifestó que “hoy en la causa tenemos una elevación a juicio por el decreto del 29 de diciembre, no obstante a un año de la muerte de Sathya seguimos exigiendo justicia porque la causa estuvo paralizada desde su denuncia hasta el año pasado que se activó con su fallecimiento. No entendemos porque en 2 años y medio no se tomaron medidas ni se siguió investigando con la denuncia de la víctima, queremos justicia y que este violador deje de gozar de libertad y que se siga investigando si hubo incumplimiento del deber de funcionarios. Denunciamos que hay una complicidad del Estado porque la respuesta fue falta de recursos y no le podés dar esa respuesta a una madre que acaba de perder a su hija y no se puede tener una causa tan grave paralizada durante 3 años”.

Además, la letrada remarcó: “lo que vivió Sathya fue una tortura durante muchos años y terminó con su vida, producto de esta inacción porque tampoco recibió ni siquiera el tratamiento y la asistencia que debe recibir una víctima de estos tipos de delito”.

En tanto que Nancy reveló: “a mí me tocó hacerme cargo del tratamiento psicológico y psiquiátrico de mi hija, porque en el Polo de la Mujer solo le tomaron la denuncia y la archivaron en un cajón, se lavaron las manos. Todo eso la llevó a tomar la decisión a Sathya ante tanto dolor y tanta culpa que sentía y frente a la falta de respuestas. Queremos la pena máxima, que esta persona sufra, porque a mi hija nadie me la va a devolver. Exigimos la pena máxima, como querellantes entendemos que hubo un concurso real y que la pena se puede elevar hasta 35 años, la fiscalía entiende que son 20 años pero seguiremos luchando”.

Es necesario acompañar a la familia y amigxs de Sathya en su lucha por justicia. Frente a la responsabilidad del Estado y el amparo judicial para violadores sigamos organizadas de manera independiente. La movilización popular es el camino a para obtener justicia para Sathya, el Estado es responsable.