El pañuelazo del 19 de febrero, con alrededor de 15 mil personas en Córdoba, demostró un nuevo vuelco a las calles del movimiento de mujeres en lucha por la conquista del aborto legal y de cada uno de nuestros reclamos.

Sin embargo, este viernes 6 de marzo, en la última asamblea Ni Una Menos preparativa de las jornadas del 8 y 9, sectores progres ligados al kirchnerismo, entre ellos, Patria Grande, la burocracia de la intersindical de género (Adiuc –docentes univedrsitarios-, Luz y Fuerza y Suoem-municipales-, entre otras) junto a organizaciones sociales barriales ligadas al triunvirato Vaticano concurrieron con la clara intención de dividir la asamblea y desbaratar los acuerdos que históricamente defendimos en los paros anteriores: el no pago de la deuda, el rechazo a las políticas del FMI, la separación de la iglesia del Estado y la independencia de todos los gobiernos.

Bajo la excusa de no exponernos a una confrontación con la iglesia, que provocativamente montó una movilización “por la vida” el domingo 8, maniobraron para trasladar el lugar del pañuelazo, cuya convocatoria se había resuelto en la asamblea pasada (hace más de una semana) frente al Arzobispado de la provincia. Bajo el argumento de la necesidad de reguardar la seguridad, dejaron ver una definición política clara, la de evitar entorpecer los compromisos que teje el gobierno de Alberto Fernández con la iglesia católica a días de la presentación de su propio proyecto de aborto legal en el Congreso. Finalmente, ante lo evidente de su postración fracasaron en su intento de desarticulación, el pañuelazo se llevó a cabo unos metros más adelante, frente al museo de antropología y culminará con una radio abierta donde tomaran la palabra las referentes de cada espacio.

El contenido del proyecto oficialista es todavía desconocido pero, por las dudas, las organizaciones integradas al gobierno pusieron todo el empeño para rechazar categóricamente que en el documento común, que se leerá en el cierre de la marcha del lunes 9, figure la demanda de aprobación del proyecto de la Campaña Nacional que se sintió fuerte el 19F. No solo eso, cualquier mención a las declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García, respecto a la objeción de conciencia, o al acuerdo del ministro de Educación Trotta con la iglesia para entregarle los contenidos de la educación sexual, fue impugnado bajo la amenaza lisa y llana de ruptura.

Del mismo modo, tensionaron para relativizar el reclamo de no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, puntos ampliamente reclamados en documentos pasados. Las maniobras divisionistas cayeron por su propio peso ante las luchas que se abren curso en la provincia. El rechazo aplastante de la docencia a la oferta salarial de miseria, la crisis en puerta por el pago de la deuda provincial en dólares que supone un brutal ajuste sobre los trabajadores y en particular las mujeres, el déficit de la caja provincial de jubilaciones que profundiza la política de armonización y un nuevo robo a los jubilados, dejaron en evidencia a una intersindical de género que no puso ningún ímpetu en llamar a asambleas y organizar el paro en sus sindicatos, como el que sí demuestra ahora para defender al gobierno nacional y sus pactos con el FMI y la iglesia. Al calor de estos procesos, de acaloradas intervenciones de nuestras compañeras docentes y trabajadoras, todos estos extremos quedaron plasmados en el documento.

El recurrente latiguillo de que estamos ante “un nuevo momento político para las mujeres” “de ampliación de derechos y de conquistas” pretendió ser utilizado todo el tiempo para borrar de un plumazo la historia de lucha en las calles que tenemos, y para llamarnos a depositar la confianza en el nuevo gobierno de turno. Que nuestros derechos estén en la agenda política no es mérito de un nuevo gobierno, sino de nuestra propia potencialidad como movimiento de lucha. Los actores políticos siguen siendo los mismos, son los bonistas, los acreedores internacionales, las iglesias y el gobierno; la diferencia radica en que muchas de las que antes clamaban el Estado es responsable, ahora se ubican del otro lado del mostrador, y buscan la cooptación de un movimiento que hace tiempo se definió anticapitalista, anti imperialista y anti clerical.

Defendamos la independencia política del gobierno y de las iglesias como garantía para el triunfo de nuestros reclamos. Hicimos un contundente pañuelazo este domingo 8 de marzo frente al arzobispado de Córdoba y vamos por el paro activo y efectivo de las centrales sindicales este lunes 9 de marzo, con la consigna “la deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI”, “Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios, aborto legal ya”.