Se sigue dilatando la investigación y el esclarecimiento del femicidio de Cecilia Basaldúa, la mujer de 35 años oriunda de Buenos Aires que se encontraba desaparecida desde el 5 de abril y fue hallada sin vida 20 días después en Capilla del Monte, donde se alojaba a razón de sus viajes como mochilera. Los últimos avances sobre el caso rondaban sobre un audio que fue viralizado, en que una testigo clave denuncia el protagonismo de la policía en el crimen y la complicidad de la Justicia, además de la participación del dueño de la vivienda donde se alojaba Cecilia.

Luego de seis meses del femicidio, la Justicia desestimó la prueba aduciendo que “es falsa, por haber sido guionada y porque su contenido tiene afirmaciones que no se condicen con los hechos” (La Voz, 19/10). El Equipo de Comportamiento Criminal tildó como “burdas” las sospechas de que la testigo podría estar siendo amenazada, o que podría ser objeto de represalias -por eso el apuro en grabar el audio.

La familia de Cecilia, sus allegados y las organizaciones de mujeres ya habían respaldado la veracidad del contenido de la grabación, manifestando desde un principio que la policía estaba involucrada y que el supuesto autor de los hechos, Lucas Bustos, no era más que un “chivo expiatorio” que nada tenía que ver con el asesinato. También lamentaron “la escasa disposición a avanzar en la investigación por parte de la Policía de Investigaciones, y de quien oficia como representante de la doctora Paula Kelm, titular de la fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de la investigación” (ídem, 23/08).

Recordemos que Lucas Bustos, el principal sospechoso por el femicidio, confesó en un primer momento haber violado y luego asesinado a Basaldúa, pero luego de su imputación se presentó ante la Justicia a denunciar apremios ilegales en la comisaría donde estaba detenido para que se confesara culpable.

Lo que demuestra esta breve crónica es la nula disposición estatal para avanzar en el esclarecimiento del femicidio de Cecilia. La participación de la policía y la complicidad de la Justicia dejan al desnudo la responsabilidad del gobierno de Juan Schiaretti. Refuerzan a su vez la importancia de la lucha del movimiento de mujeres para garantizar que el protocolo de búsqueda se aplique de manera inmediata cada vez que una mujer desaparece, y para que no queden impunes los crímenes ya consumados.

La justicia efectiva se alcanzará con la movilización y la organización independiente de las mujeres, frente a un Estado que es responsable de que tengamos a una menos entre nosotras. Exigimos el esclarecimiento del crimen de Cecilia. Vivas nos queremos.