Este 8 de marzo, mientras el movimiento de mujeres y la diversidad sexual ganaba masivamente las calles de Córdoba denunciando la responsabilidad estatal, el gobernador Juan Schiaretti presidió un acto, realizado junto a miembros de su gabinete y del Tribunal Superior de Justicia, para anunciar la creación de un Fuero Penal especializado en Violencia de Género. La medida se llevará adelante mediante la aprobación de un proyecto de ley elaborado conjuntamente con el Poder Judicial, con el objetivo de “fortalecer y profundizar las políticas públicas en violencia de género en el ámbito de todo el territorio provincial”, según anunciaron.

La propuesta plantea la apertura de doce fiscalías de instrucción, dos Asesorías Letradas de Víctimas y dos Juzgados de Control para atender la problemática de la violencia de género en toda la provincia. En el acto, también se informó el aumento en 600 millones de pesos para becas y subsidios a las mujeres que son víctimas de violencia de género, y se destacó que la provincia firmó el acuerdo federal para luchar contra la violencia.

Lo cierto es que los anuncios están lejos de avanzar en políticas concretas para luchar contra la violencia, por el contrario, es la constatación del fracaso de toda actuación estatal previa referida a la prevención y erradicación de la violencia, incluida la pregonada formación en perspectiva de género impulsada por la ley Micaela. El refuerzo punitivista que intenta un gobierno, cuyas cifras de femicidio (nueve en lo que va del año) crecen de forma solo comparable con el ajuste, no alcanza para cubrir el reclamo de justicia por las víctimas, menos aún para satisfacer las demandas centrales del movimiento de mujeres.

Las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer fueron las primeras voces autorizadas en salir al cruce de los anuncios sobre el supuesto aumento en la partida presupuestaria, exponiendo a través de un comunicado oficial la precarización laboral y el vaciamiento, cada vez más agudo, de las áreas destinadas a prevenir y contener a las víctimas de violencia. La partida no plantea el pase a planta de las trabajadoras monotributistas y contratadas, primeras en recibir y dar tratamiento a las denuncias. Tampoco el aumento de personal y recursos, y mucho menos un plantel de trabajadoras interdisciplinario para la contención y seguimiento integral de los casos.

Lejos de eso, lo que se plantea es lisa y llanamente una redistribución de asignaciones sociales, que fueron recortadas por el gobierno nacional como provincial, y que ahora se reasignan bajo el membrete de género. Se trata de un cambio demagógico de fichas con el mismo presupuesto, sin mencionar que no satisface el reclamo central de acceso al trabajo estable para las víctimas, configurando una forma más de trabajo en negro y precarización impulsada por el propio Estado.

La creación del fuero penal especializado en violencia tampoco es una innovación: hace años que existen cuatro fiscalías de instrucción especializadas. Además, el Poder Judicial de la provincia fue el primero en el país en implementar una Oficina de Coordinación entre el Juzgado de Violencia familiar y de género y los ministerios de Justicia, de la Mujer y de Seguridad de la provincia.

El resultado de las medidas es nulo en cuanto al resguardo de las víctimas. Las denuncias se acumulan sin respuestas, y los escasos recursos, como botones antipánico y restricciones de acercamiento, se violaron sistemáticamente. No se han evitado finales fatales, tampoco se agilizó el reclamo de justicia. Y, finalmente, como quedó demostrado en el reciente caso de Ivana Módica, se reforzó un andamiaje de encubrimiento garante de la impunidad, en el que uno de cada cinco casos de femicidio tiene como protagonista a integrantes de las fuerzas represivas.

Sin embargo, en los últimos años el Poder Judicial demostró severisima eficacia para condenar a Flavia Saganias a 22 años de prisión, en un fallo “ejemplar”, por el solo hecho de denunciar al abusador de su hija; para perseguir y criminalizar a las mujeres de los barrios que ocuparon tierras huyendo de la violencia de género; o para instalar versiones de suicidio en el afán de encubrir la propia responsabilidad, como en el reciente femicidio de nuestra compañera Emilse Gajes. A lo que se suman las numerosas causas de persecución a las luchas populares. Se debe destacar que Córdoba es la provincia con más recursos de amparo interpuestos por el clero para bloquear derechos de salud sexual y reproductiva, que encontraron celeridad en la admisibilidad y tratamiento por parte de la justicia cordobesa.

No estamos ante fallas del Poder Judicial, sino ante la actuación deliberada de una justicia adicta al gobierno provincial. El carácter misógino de la justicia se desprende de su alineamiento con un régimen político y social que se alimenta de la violencia de género como forma de disciplinamiento social más general. La multiplicación de fueros, instituciones y ministerios con jueces, fiscales y funcionarias, colocadas a dedo por ese mismo régimen de ajuste y sometimiento, es incompatible con cualquier salida real a la violencia. Allí radica el meollo de nuestra denuncia cuando decimos que el Estado es Responsable.

Reclamamos un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, y también un fuero especializado en violencia, con jueces y fiscales electos y revocables por el voto popular, para que esté en nuestras manos el rumbo de las políticas de género y la administración del presupuesto destinado a las mismas. Todo lo demás es verso y más de lo mismo.

Por último, no se nos escapa que los anuncios del gobierno en cuanto a reformas judiciales se presentaron oportunamente cuando un sector progubernamental minoritario decidió romper la convocatoria a la marcha del 8 de marzo, alzando el reclamo de “reforma judicial feminista”, para escindir de toda responsabilidad a los Ejecutivos nacional y provincial, ejecutores de las políticas de hambre y desocupación en las que se hunde la violencia.

Por el vértice, el grito genuino de justicia se oyó en la marcha independiente, con decenas de familiares de víctimas, junto a las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer y la Asamblea Ni Una Menos, ganando las calles con independencia política del Estado y todas sus instituciones. Ese es el camino a profundizar, el mismo con el que ganamos el aborto legal es nuestro cimiento contra las tretas de los gobiernos y la garantía de triunfo en cada uno de nuestros reclamos.

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