El gobierno de la provincia informó el incremento de las denuncias por violencia familiar y de género desde que se dictó el aislamiento. Córdoba ya tenía seis víctimas de femicidio en aquel momento y pasaron treinta días sin que se anuncie un programa destinado a controlar ese número. Mientras tanto, crece una inquietud a nivel nacional porque los femicidios son los únicos delitos que no disminuyeron en este periodo. Más de la mitad de las mujeres es asesinada por sus parejas o exparejas y la vivienda el lugar más inseguro (Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, La Casa del Encuentro).

¿Cómo se manejó el Estado?

Lo concreto es que el gobierno, lejos de aplicar medidas de reforzamiento para la lucha contra la violencia familiar y de género, fiel a su estilo profundizó el ajuste despidiendo trabajadoras (CordobaConEllas) y sosteniendo las principales áreas con profesionales monotributistas que cobran $28.000. La ministra Claudia Martínez solo mantuvo en términos presenciales una escueta Brigada de Protección Integral a la Mujer (atención profesional en emergencia), que tuvo que intervenir en 319 ocasiones: 192 casos por activación del botón antipánico; 45 por demanda espontánea; 8 por situaciones en la vía pública; 21 en el refugio, y 47 por derivaciones de denuncias que llegaron al 0800 habilitado (La Voz, 19/04).

Suprimieron los informes de riesgo

El área de Constatación del Ministerio de la Mujer, por pedido de los juzgados de Violencia familiar, es la encargada de entrevistar a la persona que hace la denuncia y, en el caso de que se pueda, también al agresor. Ahí, un diezmado grupo de profesionales realiza un informe valorando los riesgos, es decir, determinando si pueden ocurrir situaciones de violencia mayor. Con esto los juzgados dictaminan o refuerzan las medidas que ya se tomaron.

Sin poner un peso para otra cosa, el Ministerio instrumentó el teletrabajo de los profesionales para que solo puedan realizar informes escuetos, donde detallan la situación de la víctima según lo que pueda manifestar telefónicamente -si hay medidas, si se cumplen; si la situación está más “tranquila” y la denunciante ya “no quiere” seguir con el proceso, etc. Mientras se sabe que si la víctima está confinada con el violento, es muy difícil que sostenga una llamada sin ponerse en riesgo para decir la verdad de lo que sucede en la casa. Y lo pensará dos veces si hay niñes de por medio. Es una situación muy angustiante y vulnerable para las mujeres.

Avanzar con la situación de riesgo, que está en la mayoría de los casos, significa que el Estado tiene que hacerse cargo de la víctima, que se encuentra sujetada al agresor por una multiplicidad de aspectos para atender: refugio/vivienda, ingresos, salud mental, entre otros. Es decir, verdaderos instrumentos que le permitan continuar con su vida y la de los niñes. Pero la orientación del gobierno es la opuesta, por eso cerró el único programa social -Por Mi- dirigido a las mujeres en estado de vulnerabilidad social.

La asistencia a los varones desbordó

El Centro Integral de Varones (CIV) de Córdoba, reconocido a nivel nacional por Gómez Alcorta, asiste mayoritariamente a hombres enviados por el Poder Judicial. La propia ministra de la provincia indica que “si no son obligados no participan”, destacando el carácter coercitivo que imprime el Estado. Martínez también señala que el espacio está “desbordado” y, en vez de incorporar nuevos profesionales, planea descentralizar el área descargando la tarea en los municipios (Télam, 1/4)

Asimismo, varios medios se sorprendieron días atrás cuando un hombre se entregó a la policía para “no matar a su mujer”. Y lo que parece mejor para el sensacionalismo, ¡dos hombres se entregaron en la misma semana! Como si la noticia no fuera que estuvieron a punto de matar a sus parejas, según las propias declaraciones, donde uno de ellos también entregó un arma de fuego cargada (La Voz, 16/4). Ninguno tenía antecedentes. Podía tratarse de cualquier cordobés promedio confinado.

En este marco también se encuadran las 210 detenciones que se produjeron en los últimos 30 días, de las cuales 42 fueron luego de la activación del botón antipánico, es decir, en situaciones límites para la víctima (La Voz, 19/4). Acá remarcamos que el equipo favorito que tiene el Estado para intervenir en el territorio es la policía, con la exacerbación que implica la militarización en los barrios.

Mientras tanto, Pablo Rivarola, director del CIV, considera que "el escenario del confinamiento pone en tensión los roles tradicionalmente asignados a los varones en el sistema patriarcal como proveedores del hogar y ocupantes del espacio de lo público. Ello potenciado por las vicisitudes económicas y sumado a las dificultades para reconocer y gestionar las propias emociones vinculadas también a mandatos patriarcales”; en el mismo punto sostiene que todo esto “puede incrementar la angustia, la frustración y también el surgimiento o el incremento de respuestas agresivas" (Télam, 01/04). El análisis del funcionario, por más eufemismos, no logra esconder la responsabilidad del gobierno en esas “vicisitudes” y lo que está desencadenando.

No obstante, una “deconstrucción” individual encuentra límites insalvables en este itinerario social. La reeducación del violento bajo el capitalismo, que se nutre de la opresión, es una contradicción en sí misma. Para avanzar debemos ligarlo a la conciencia de clase, a la unidad entre lxs oprimidxs, e ir por la superación de este régimen de explotación, violencia y miseria que se reproduce en los hogares, cuando subsume a las mujeres y disidencias.

El termómetro social conduce a una intervención socialista de lxs trabajadorxs

La cuarentena obligatoria aceleró el ajuste que estaba pactado por los gobernadores y la nación, en función del pago al FMI, dando como resultado en la provincia un aumento de la desocupación, suspensiones en las principales industrias, pagos diferidos por la patronal y un aplastamiento del trabajo informal que venía sosteniendo el día a día de las familias en los barrios populares. Se suma a esto el desamparo del Estado en los comedores y merenderos que crecieron con la crisis. Las familias perdieron sus ingresos y el gobierno cerró programas de asistencia. Como si fuera poco, muchos vecinos que salían para sobrevivir, fueron salvajemente reprimidos por la policía.

Con este panorama, en Gran Córdoba puertas para dentro, donde se concentra el 55 % de las denuncias, aumenta la tensión entre los 317.000 individuos que viven hacinados. Abundan las carencias mientras el gobierno en los últimos años redujo el 38% del presupuesto para mejoras de vivienda. No conforme con eso, solo utilizó el 57% de lo que destinó. Un doble recorte. Estos números pueden explicar algunas razones por las que los abusos de niñes y adolescentes prevalecen en el seno familiar, donde el derecho a la intimidad no existe porque ni siquiera están saldadas las condiciones elementales para vivir (Condiciones de vivienda en el gran Córdoba, Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, Informe Especial Abril 2020).

En definitiva, estamos frente a un sistema en descomposición que nos oprime, criminaliza la pobreza y finalmente nos mata. A un mes de iniciada la cuarentena, aumentaron los femicidios ante la agudización de la miseria. Más que nunca, el Estado es responsable. El movimiento de mujeres debe considerar, entre sus conclusiones, que este régimen está caduco y es incapaz de darnos respuestas. Tenemos que organizarnos y luchar por el fin de toda opresión y violencia, bajo un programa de independencia de clase.