En la madrugada del domingo 24 de septiembre un nuevo femicidio tuvo lugar en la provincia de Córdoba. El macabro hecho se desarrolló en la localidad de Calchín, cuando Roberto Gutiérrez, de 41 años, ingresó al geriátrico donde trabajaba su expareja, Lorena Edith Rodríguez, y la asesinó a puñaladas.

Por el delito la Fiscalía de Turno ordenó la imputación de Gutiérrez por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, para lo que se prevé pena de reclusión perpetua.

Según allegados de la víctima, ella había hecho al menos una denuncia por violencia contra su victimario. A pesar de ello, la mujer no tenía botón antipánico ni había orden de restricción.

La brutalidad del caso y el hecho de que ya pesaban denuncias por violencia contra el agresor dejan en evidencia, una vez más, la responsabilidad que tiene el Estado frente a una nueva muerte que se podría haber evitado.

Rodríguez es la víctima número 11 de femicidio en lo que va del 2023 en la provincia. El número 10 había acontecido poco días antes cuando Rita Dominga Palacio fue asesinada por su pareja, quién luego se quitó la vida en la Comuna San Ignacio del Valle de Calamuchita.

Sumado a esto, el Observatorio Nacional Mumalá contabilizó 8 intentos de femicidio este año. Sin ir más lejos, el pasado martes una mujer ingresó al hospital Florencio Díaz con un disparo en la cabeza ejecutado por su pareja, quien se encuentra prófugo.

Así las cosas, es claro el fracaso del Ministerio de Mujeres y Diversidades, por medio del cual pretendieron institucionalizar la lucha del movimiento. Es que la erradicación de la violencia no va a venir de la mano de instituciones ligadas a un Estado que fomenta prácticas de opresión y es el primer responsable de la violencia estructural que sufrimos las mujeres.

Para más, este fracaso ha propiciado el avance de una derecha reaccionaria y negacionista que propone atentar contra nuestras conquistas, como lo es el espacio encarnado en la figura de Milei.

El único camino posible para luchar contra la violencia, los femicidios y todos nuestros derechos es la organización independiente y la unidad en la acción del movimiento de mujeres, contra la derecha y el ajuste del gobierno y el FMI. En este sentido el próximo 28 de septiembre volvemos a las calles. Ni una menos, el Estado es responsable.