Una mujer de la localidad de General Deheza logró que la diócesis de Río Cuarto (Córdoba) reconociera los abusos que sufrió desde los 8 hasta los 12 años. La resolución, que llegó 27 años tarde, fue conquistada luego de un largo peregrinar de la víctima y le prohíbe al abusador dar misas, pero no lo aparta de la institución. El sacerdote es Héctor Orlando Pinamonti, de 89 años.

El abusador tiene una larga trayectoria sacerdotal. En 1970 estuvo a cargo de una iglesia en la localidad de Achiras, luego fue traslado a la localidad de General Deheza y años más tarde a San Basilio. En febrero de 2021 fue declarado culpable del delito de abuso sexual por la diócesis de Río Cuarto, luego de que una sobreviviente, que actualmente tiene 34 años, denunciara que fue abusada por él entre 1995 y 1999 en la casa parroquial de San Basilio, cuando su familia iba a visitarlo. Pasaron muchos años para que ella pudiera hablar de lo que había sufrido. Recién en 2004, con 17 años y siendo estudiante universitaria, pudo contarle a una amiga lo sucedido.

En 2017, la víctima se animó a dar el primer paso, para ello le escribió una carta al obispo de la diócesis de Río Cuarto, Adolfo Uriona, donde relataba lo acontecido. La respuesta de Uriona fue que “iba a rezar por ella” y que si alguna vez necesitaba hablar él podía escucharla. Seis meses después, la joven citó a Uriona a su casa en General Deheza, el obispo accedió y viajó.

Cuando la mujer expresó que quería denunciar a su abusador, Uriona activó todos los mecanismos para intentar persuadir de esa decisión a la víctima, apelando a que Pinamonti era una persona grande y que como iba a hacerle eso. Así mismo. para que se iniciara la investigación y se mandara la causa a Roma la joven tuvo que firmar el secreto pontificio, un acuerdo de confidencialidad que establece la ley canónica de la Iglesia Católica, para encubrir a los curas abusadores.

Todo esto la llevó a tomar la decisión de recusar a Uriona, para ello mandó una carta a Roma en la que explicaba que no quería que él fuera parte en el juicio canónico. Su pedido fue rechazado. Tres meses después le respondieron que el obispo sí iba a estar en el proceso canónico, aunque después de la recusación Uriona no tuvo más trato con ella y empezó a comunicarse con otro intermediario de la Iglesia.

Luego de que el proceso se dilatara por la pandemia, finalmente en febrero del 2021 se dictó la resolución que reconoce los abusos. Este fallo fue una conquista de años de lucha por parte de la víctima, que no claudicó frente a todas las trabas que se le intentaron imponer. No obstante el dictamen solo establece la prohibición total de ejercer el “ministerio sagrado” por tiempo indeterminado, es decir que no puede dar misa en público, pero sigue ligado a la institución católica. Así mismo, la diócesis se negó a emitir un comunicado con la resolución y no estableció ningún tipo de resarcimiento, lo que llevó a la víctima a romper el silencio y a evaluar los pasos a seguir en relación a una demanda civil.

Vale resaltar que este testimonio dio lugar a que otra víctima hiciera público que en 1978, cuando tenía 11 años, fue violada por el mismo cura, situación que fue denunciada en la Justicia pero que nunca prosperó y por la cual Pinamonti fue trasladado a otra localidad.

Todo lo expuesto da cuenta de un amplio operativo de encubrimiento. El ocultamiento de los antecedentes de denuncias por abusos sexuales sobre curas y su traslado a distintos lugares es la forma de ocultar los abusos sexuales eclesiásticos. La impunidad de que gozan los abusadores de la Iglesia Católica es expresión de su injerencia sobre el Estado, como una pata fundamental en la regimentación sobre las familias obreras, en particular sobre las mujeres y disidencias.

Es por esto que resulta fundamental la lucha por la separación de la Iglesia del Estado, para terminar con el amparo a los responsables de los aberrantes delitos eclesiásticos, y también contra el tutelaje ideológico y oscurantista que implica para la sociedad. A esto se le debe sumar la pelea por una efectiva educación sexual, integral, laica y científica, como herramienta para detectar tempranamente los abusos. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de impunidad y encubrimiento para los curas abusadores. Juicio y castigo a todos los responsables y resarcimiento para todas las víctimas.