El pasado 5 de diciembre, Anahí Bulnes, de 36 años, fue vista por última vez en el barrio San Vicente, ubicado en la zona este de la ciudad de Córdoba. La docente, y madre de 3 niñas de 14, 12 y 7 años, avisó ese día que no asistiría al establecimiento escolar donde trabajaba por la mañana, pero en la escuela donde desarrollaba sus labores por la tarde faltó sin avisar.

Esto, sumado al hecho de que una de sus hijas se había levantado a la madrugada y Anahí ya no se encontraba en su domicilio, lo cual encendió la alarma de la familia que radicó la denuncia en la unidad judicial Nº 8. A partir de allí fueron múltiples las irregularidades que pusieron de manifiesto nuevamente la responsabilidad del Estado frente a estas situaciones.

En primer lugar, cabe mencionar el incumplimiento de la ley 10.654 de búsqueda inmediata y las enormes dilaciones de la Justicia para empezar la investigación, que se inició bajo la carátula de averiguación de paradero y no de desaparición forzada.

Por otro lado, es importante denunciar la falta de respuestas favorables que los rastrillajes, donde intervinieron distintas dependencias de la Policía y del Ministerio Público Fiscal (MPF), tuvieron durante más de 20 días, lo que da cuenta de que no se pusieron a disposición todos los recursos para encontrar a Anahí, algo que la familia denunció desde un primer momento.

Así las cosas, pasados 22 días de la desaparición, luego de que se hayan puesto en pie múltiples movilizaciones callejeras y vía redes sociales -impulsadas por la propia familia y acompañadas por distintas organizaciones como la Asamblea Ni Una Menos- que lograron visibilizar el caso, la Justicia apunta a una hipótesis que coloca la responsabilidad en un hombre de 37 años, el cual se habría encontrado con Anahí el lunes en el que fue vista por última vez alrededor de la 1 am, en cuyo domicilio se hallaron supuestas manchas de sangre y sobre el que pesa una denuncia por violar a una niña de 10 años a fines del 2021.

No obstante, y a pesar de esta nueva pista, todavía se continúa colocando el foco en la conducta de la víctima. Medios periodísticos, a través de noticias amarillistas, deslizaron que ella además de su trabajo como docente realizaba actividades nocturnas. Un accionar innecesario y misógino que la revictimiza y coloca la responsabilidad en ella, situación que se replica en la propia Justicia.

Ante la incertidumbre del paradero de Anahí, su familia convocó, una vez más, a una concentración en Patio Olmos el pasado martes para exigir la aparición con vida de la educadora. Siendo la lucha callejera la que en primera instancia logró que la Justicia accionara con medidas de búsqueda. Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos esta y cada acción que resuelva la familia. ¡Exigimos la aparición inmediata y con vida de Anahí! ¡El Estado es responsable!