Una joven de 28 años denunció que fue violada a pocas cuadras de la Terminal de la ciudad de La Falda. Producto del abuso quedó embarazada.

El ataque sexual ocurrió el 14 de enero pasado, y el violador y un cómplice fueron detenidos por orden de la fiscalía de Cosquín. La joven recibió una serie de medicamentos para evitar el embarazo en el Hospital Rawson, sin embargo tres semanas después constato el estado de gravidez y  acudió al hospital Municipal de La Falda para que se le practicara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En ese nosocomio se le negó la ILE y la derivaron al área de Salud Mental del Funes para que “pensara bien” acerca de su decisión de interrumpir el embarazo. Pero unas horas después, por sus propios medios, expulsó en el baño un embrión.

La directora del Hospital Funes, Sonia Nieva, confirmó que la joven llegó al centro de salud con una “genitorragia”, esto es un “signo de pérdida”, por lo que fue “valorado el estado de su embarazo y se confirmó que había tenido un aborto completo”. Sin perjuicio de eso,  admitió que en el Hospital Funes, existen  médicos que no están dispuestos a practicar un aborto no punible por objeción de conciencia.

La situación descripta no es un hecho aislado. Desde hace años la aplicación de la ILE es obstaculizada y bloqueada por diferentes medios en nuestra provincia, en violación al derecho consagrado en el Código Penal, resoluciones del Ministerio de salud de la Nación y el Fallo Fal de 2012 de la Corte Suprema de justicia de Nación.

De esta manera, con un voto unánime la Corte Suprema ratificó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales por un lado no prohíben la realización del aborto, y por el otro impiden el castigo en caso de abortos producto de una violación, cuando corra riesgo la vida de la mujer y en casos de mujeres con retrasos mentales. El fallo avanzó en una clara indicación a los médicos, señalando que en casos de violación no es necesario ningún tipo de proceso judicial, pudiéndose llevar adelante el procedimiento médico de la interrupción del embarazo con la sola declaración jurada de la víctima de violación. Y por último hizo un llamado de atención a los jueces, señalando su responsabilidad y obligación de garantizar este derecho adquirido, y planteando la abstención de los mismos a judicializar estos casos, quedando la decisión final en manos de la víctima de violación.

En  la provincia de Córdoba la no adhesión al Protocolo Nacional y la creación de la  resolución del Ministerio de Salud N° 93 del 30 de marzo de 2012 creo “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”. Esta resolución abrió las puertas para que diferentes organizaciones ligadas a la iglesia, y en particular el Portal de Belén, bloquearan por la vía judicial  su aplicación durante 7 años.

Después de un largo derrotero judicial, pero fundamentalmente al calor de una imponente marea verde, la lucha ascendente del movimiento de mujeres y disidencias por sus derechos en las calles logro asestar un golpe certero a la política de compromisos del gobierno y la iglesia, con la resolución judicial que declara inconstitucional el amparo presentado por el Portal de Belén y hace aplicable el aborto no punible en el territorio provincial.

Sin embargo, después de siete años de lucha nos encontramos ante la continuidad de las obstrucciones a la aplicación de un derecho garantizado desde el año 1921 en el Código Penal. Se trata de un grave ataque a la vida de las mujeres trabajadoras.

Junto al repudio y el llamado a movilizarnos porque se respete la ILE y la Provincia adhiera al protocolo nacional, presentamos en la Legislatura un pedido de interpelación al ministro de Salud.