La fiscal de Carlos Paz, Jorgelina Gómez, decidió cambiar la calificación judicial que pesa contra el exdirector de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, por el caso de Luana Ludueña. Haciendo lugar al pedido de los representantes legales de la familia amplió la imputación de “abuso sexual con acceso carnal, doblemente calificado por la calidad funcional y en contexto de violencia de género”, agregándole la acusación de homicidio, por lo que le correspondería la condena a prisión perpetua.

Vale recordar que Luana Ludueña de 26 años, quien era bombera voluntaria y residía en Pilar, había denunciado en noviembre pasado a Diego Concha por abuso sexual. Luego de eso su expareja, Emiliano Conti, también bombero y amigo de Concha, empezó a hostigarla, por medio de amenazas, “visitas” y llamados telefónicos para intentar persuadirla y que cambie su testimonio. Frente a este cuadro, el 21 de enero del corriente año Luana decidió quitarse la vida. “Prefiero estar muerta antes que cambiar la declaración”, afirman que les dijo a familiares antes de tomar la drástica decisión.

En este contexto la fiscalía recalificó la causa responsabilizando al imputado por la muerte. Para ello se tomó como antecedente el caso de Sathya Aldana, donde se condenó a cadena perpetua al progenitor, Walter I, por el delito de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo, al demostrarse que la causa del suicidio de Sathya estaba directamente asociada a la violación que sufrió desde los 8 a los 14 años.

Es de destacar que la denuncia de Luana no es la única que recae sobre Concha; también se encuentra imputado por “lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas con uso de arma de fuego y coacción”, tras una denuncia de su exmujer por violencia de género. Así mismo, tiene múltiples acusaciones por incumplimiento de sus funciones, como las que establecieron los familiares de Mariela Natalí o Cecilia Basaldúa, quienes aparecieron muertas y cuyas búsquedas que se encontraban a cargo de Concha, incurrieron en múltiples irregularidades.

Además, meses atrás, luego de 7 años, la fiscalía que lleva la causa por el femicidio de Andrea Castana pidió una prueba de ADN de Concha, ya que este dirigió la búsqueda de la mujer y coincide con las características físicas de un posible responsable, señaladas por un testigo.

El gobierno provincial, lejos de repudiar el accionar misógino y violento de del funcionario y apartarlo del poder, lo amparó hasta el último momento, aceptando y difundiendo su renuncia por “razones personales”. El silencio del Ministerio de Mujeres y Diversidades frente al caso es una demostración de las enormes limitaciones que tienen las instituciones, que responden a un régimen que se nutre de violentos y abusadores y es responsable de sostener la violencia estructural.

Así las cosas es claro que el cambio de calificación en la causa se debe a la tenaz lucha de los familiares y del movimiento de mujeres, que no cesa en la organización independiente por justicia para las víctimas y para desbaratar las intentonas del Estado y sus instituciones de garantizar impunidad, más cuando se trata de hombres del poder, lucha que logró el histórico antecedente en el caso Sathya, con la condena por homicidio a un violador, responsabilizándolo por el suicidio de su víctima.

Este es el camino que debemos profundizar para conquistar justicia por Luana, lo que significa avanzar en la condena a perpetua de Diego Concha.

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