El miércoles 20 la Legislatura de Córdoba inició el tratamiento del proyecto de ley que da forma a un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, el mismo fue presentado por la bancada del Frente de Izquierda en 2014, y renovado de la mano del actual legislador del PO-FIT, Eduardo Salas. 

La iniciativa establece la obligatoriedad a todo funcionario público de receptar cualquier denuncia por desaparición y llevarla ante la autoridad judicial competente de manera inmediata, so pena de delito o incumplimiento de su deber de funcionario público. Asimismo, dispone de todos los recursos necesarios para iniciar un proceso de búsqueda, bajo la presunción de que la persona desaparecida se encuentra con vida y privada de su libertad; es así que crea un registro de personas desaparecidas de acceso público, la obligatoriedad de iniciar una campaña de difusión por todos los medios de la persona denunciada, como así también el acceso a familiares y denunciantes de informes periódicos que den cuenta del avance de la investigación.

El proyecto fue iniciado a raíz de la desaparición de Paola Acosta y su pequeña hija en 2014, ambas víctimas de violencia, y cobra relieve al calor de casos recientes como el de Daiana Moyano y Franco Araoz, desapariciones seguidas de muerte a principios de año. El proyecto ataca el punto inicial de toda una cadena de encubrimiento estatal a tratantes, proxenetas y femicidas. A diario decenas de familiares y allegados llegan a las comisarías y unidades judiciales para realizar la denuncia por desaparición de persona, sin embargo, la respuesta es siempre la misma, deben esperar entre 24 y 48 horas para radicar la denuncia perdiendo un tiempo clave para el hallazgo con vida de quienes fueran víctimas de trata o violencia. 

En una provincia que tras 9 años ha sido incapaz de ofrecer indicio alguno del paradero de Yamila Cuello -único caso reconocido como trata de personas por la justicia provincial-, donde a diario aparecen denuncias por redes sociales de pibas desaparecidas en las barriadas, y los índices de femicidios se encuentran entre los más altos del país, sin duda este accionar policial y judicial funciona como un engranaje esencial que garantiza la zona liberada, a la vez que revictimiza, descargando sobre las víctimas la presunción de ser responsables de su propia desaparición.

Luego de cinco años de dilaciones, el inicio del tratamiento de este proyecto no puede desligarse del enorme ascenso del movimiento de mujeres, que en Córdoba se expresó el pasado 8M en una de las movilizaciones más masivas que haya organizado la Asamblea Ni Una Menos. Sucede que la iniciativa del bloque del PO-FIT y del Plenario de Trabajadoras, recoge una de las principales consignas del movimiento de mujeres: ¡vivas nos queremos!

El proyecto debe ser ley, y para ello es necesario acompañar el tratamiento con un proceso de organización y movilización que impida las maniobras del gobierno de Juan Schiaretti, que domina el recinto. Con el Plenario de Trabajadoras estaremos a la cabeza de la movilización por la aprobación de este proyecto, y llamamos a la asamblea Ni Una Menos Córdoba y al movimiento de mujeres en general a organizarnos por la conquista de una herramienta clave para la defensa de la vida mujeres, niñas y niños.