En las últimas semanas, Paula y Ayelén denunciaron haber sufrido una detención violenta por parte de la Policía de Córdoba. El 15 de abril fueron detenidas por circular después del toque de queda de las 23 horas, cuando volvían de un bar. La pareja se encontraba en las inmediaciones del Parque Las Tejas, de la ciudad Capital, donde dejaron a unos amigos para luego dirigirse a su casa.

Las mujeres le indicaron a la policía que estaban volviendo de un bar que tenía permiso para funcionar hasta la 01:00 horas. No obstante, los uniformados procedieron a requisarlas y a secuestrar el auto particular, trasladándolas en forma violenta hasta la alcaldía de Tribunales II, donde funciona la Unidad Fiscal de Atención Inmediata. “Estuvimos casi tres horas ahí adentro, mientras aparecían más policías que comenzaron a sacar todo de dentro de nuestro auto”, relata Ayelén, en diálogo con La Voz del Interior.

También denunciaron que en la alcaldía las recibieron con burlas en lenguaje inclusivo y diciendo que las detuvieron por “feminazis”. Las llevaron a un sector donde se encontraban detenidos hombres, que les gritaban despectivamente. Y se encontraron con miembros del Grupo Especial de Salvamento (GES).

Según detalla la pareja, Paula sufrió ataques de claustrofobia y convulsionó en varias oportunidades, a lo que el personal del GES respondió sosteniendo sus piernas con los borceguíes. Luego la trasladaron al Hospital Misericordia, donde los médicos se habrían negado a atenderla porque la policía no contaba con ninguna orden judicial.

La detención continuó toda la madrugada hasta las 6:30 am, momento en que la policía, para liberarlas, les solicita que firmen una especie de “confesión” de que se habían resistido a la autoridad. La pareja relata que incluso una policía mujer intentó obligarlas a firmar la acusación, diciendo que le habían rasguñado los brazos. El asedio continuó hasta que cerca del mediodía del viernes 16, por videollamada, un miembro de la policía judicial les dictó la liberación.

Paula y Ayelén denunciaron que les devolvieron sus pertenencias tres días después y el auto secuestrado recién al cuarto día, no sin antes hacerlas pasar de la comisaría 4° a la 12° en varias ocasiones. Y si bien recuperaron casi todo, les sustrajeron un perfume costoso. Luego de esto, el 26 de abril las mujeres denunciaron lo vivido en el Polo de la Mujer, constituido en ministerio, donde tuvieron que pasar por la situación burocrática de que no querían tomarles la denuncia.

Abuso a una menor de 13 años

La semana pasada, Sandra Ponce hizo pública, en La Garganta Poderosa, la situación desesperante que está atravesando su nieta y su familia, luego de que el 20 de abril se realizara, en barrio Yapeyú, un allanamiento a la casa de su nuera, donde vive su nieta de 13 años.

En dicho momento, la menor se encontraba sola en el domicilio y fue trasladada por la policía hasta la Comisaría 36. Según relata Sandra en su escrito, una vez allí “uno de los oficiales hizo que se desnudara, cerró la puerta de donde estaban e hizo que se sacara hasta la ropa interior. Luego se paró atrás de ella, le pasó la mano por la espalda y le repetía: “Mirá dónde te vengo a encontrar”. Y eso lo dijo porque él siempre trabaja en un puente cercano, por donde ella, mis otros nietos y otros chicos pasan para ir a la plaza de San Vicente; evidentemente, él ya la conocía”.

Luego de 12 horas la menor fue liberada y al día siguiente es acompañada por su familia a realizar la denuncia en el Polo de la Mujer. Según se relata en el comunicado, desde dicha institución se le informa que el proceso puede llevar años y que no es jurisdicción del Polo la conducta policial.

El uniformado, que fue denunciado por este hecho de abuso sexual, no fue identificado por su nombre. Tampoco se realizaron aún gestiones para lograr su identificación, lo que genera temor en la familia de la víctima por posibles represalias de la policía.

Un aparato putrefacto

En lo que va del 2021 hemos publicado innumerables hechos de violencia que tienen a las fuerzas represivas como protagonistas. Nos encontramos con casos como el ascenso de un comisario con denuncias previas por acoso sexual y orden de restricción de la Justicia; con femicidios y tentativas de femicidios; con prácticas de tortura y abuso sexual en comisarías y en detenciones. A esa lista se suman estos abusos a mujeres y diversidades. Queda en evidencia que la asunción del nuevo Fiscal General, Delgado, no cambió en absoluto la situación de descomposición de esta institución.

En este marco, cobra fuerza nuestro planteo de desmantelamiento de las fuerzas represivas, con la apertura de los libros de todas las comisarías. Está demostrado que no alcanza con capacitaciones con perspectiva de género o con policías mujeres. Del mismo modo, exigimos una reforma judicial completa, que suponga la elección popular de jueces y fiscales, así como su revocabilidad.

Y para ponerle fin a las denuncias que se archivan y cajonean, y que se desenvuelva un verdadero abordaje a los problemas de las mujeres y diversidades, planteamos la creación de un Consejo Autónomo y un fuero judicial de género. Ambos electos, con mandatos revocables y presupuesto propio.

El Estado es responsable en su conjunto y solo el movimiento de mujeres independiente de los gobiernos puede hacerle frente a esta situación insostenible de violencia.