La fiscal de Cosquín Paula Kelm decidió elevar la causa a juicio, con Lucas Bustos como imputado. A raíz de esta sorpresiva decisión, el equipo de abogadas de la familia Basaldúa hizo público un comunicado, remarcando que faltan “12 testimoniales por tomar aún, con pruebas de genética forense ordenadas hace meses que aún no están finalizadas ni conocemos las conclusiones, con pruebas que aún no se diligenciaron, sin ninguna prueba certera y real en contra del único imputado para un femicidio que fue claramente cometido entre varios, con sospechosos que están libres impunemente.”

Además remarcaron que el accionar de esta fiscal se presenta en connivencia con las fuerzas represivas, ministra de la mujer y el propio gobernador. Toda vez que no existe ningún control sobre el accionar irregular de un funcionario del Estado, que se aparta de las normas procesales y penales. Teniendo en cuenta que para que una persona sea procesada deben existir elementos de prueba que afirmen la “creencia” de la fiscal en la culpabilidad.

Giselle Videla, asistente de la querella y miembro del equipo de abogadas “Justicia por Cecilia”, indicó que la imputación de Lucas Bustos se basa en un sumario presentado por la policía, acerca de dichos que supuestamente Lucas habría efectuado. Sin embargo, no hay en la causa una confesión del sindicado culpable, con sus propias palabras. Asimismo puntualizó que tampoco se ha dado lugar a que la división “Homicidios” de Córdoba, intervenga en el caso, generando aún más sospecha acerca de la veracidad sobre un posible vínculo entre Mainardi (principal sospechoso para la familia Basaldúa) y la fiscalía.

Desde el equipo de “Justicia por Cecilia” se oponen a la elevación de la causa a juicio, y convocan a marchar este 8 de marzo, indicando que ese día en la marcha, se darán a conocer todas las irregularidades de esta causa, demostrando que no solo es la justicia la que no tiene perspectiva de género, sino todo el aparato estatal a disposición de la impunidad y garantes del disciplinamiento a las víctimas y sus familiares.

Ante esto es que seguimos remarcando la necesidad de continuar en la organización de mujeres y diversidades bajo la independencia política como bandera. Este 8M nos encontraremos nuevamente en las calles, exigiendo Justicia por Cecilia y por todas las que nos faltan. El Estado es responsable.