El domingo 10 de julio, en horas de la tarde, una joven de 25 años fue encontrada ahorcada en su domicilio de la localidad de El Brete, ubicada al norte provincial en el departamento Cruz del Eje. Tras el hallazgo, su pareja de 28 años, Fernando Barrera, ha quedado preso e imputado por femicidio.

Desde la fiscalía de Cruz del Eje, a cargo de Daniel Barrera, se estableció que el hecho se trató de un nuevo caso de “suicidio femicida”, ya que la joven habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida como consecuencia del contexto de violencia en el que vivía, lo que se evidencia en las lesiones antiguas y nuevas que se encontraron en el cuerpo de la víctima por medio de la autopsia.

Vale destacar que Fernando Barrera había recuperado la libertad hace siete meses después de cumplir una condena de cuatro años impuesta por la Cámara de Cruz del Eje por narcomenudeo y lesiones calificadas contra su pareja ahora fallecida, situación que da cuenta de la ineficiencia del régimen penitenciario y de la justicia, y de la responsabilidad del gobierno de Juan Schiaretti y de los gobiernos en general que sostienen sistemas absolutamente inadecuados y revictimizantes que no pueden dar respuestas concretas para una verdadera erradicación de la violencia por ser los primeros responsables en sostener la violencia estructural hacia las mujeres y diversidades.

El avance en la imputación por femicidio “por entender que la violencia ejercida en forma sistemática y prolongada en el tiempo y la vulnerabilidad en que se encontraba la joven la habrían llevado a tomar esa decisión” tiene antecedentes en Córdoba. El caso más emblemático es el de Sathya Aldana, en el cual se condenó a su progenitor a cadena perpetua por el delito de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo, al demostrarse que la causa del suicidio de Sathya estaba directamente asociada a la violación que sufrió desde los 8 a los 14 años. Asimismo, días atrás, el exdirector de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, fue imputado por homicidio culposo, al tomarse el mismo criterio por el suicidio de Luana Ludueña.

Es claro que la consideración de la justicia de avanzar en las imputaciones por femicidio frente a suicidios inducidos por situaciones de extrema violencia se debe a la lucha del movimiento de mujeres y diversidades que se organiza de manera independiente, no obstante, estos casos son hechos evitables que dan cuenta de la inacción del Estado y sus instituciones frente a estos padecimientos tan severos.

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos a las familias de las víctimas en su pedido de justicia. Vamos por un Concejo Autónomo de Mujeres y un fuero único en la justicia especializado en violencia de género, con cargos electos y revocables, por centros integrales para asistir a las víctimas y subsidios, que superen la canasta básica familiar, hasta que la persona violentada pueda alcanzar su independencia económica. Ni una menos, el Estado es responsable.