A días del paro internacional de mujeres que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, se dio a conocer una convocatoria diferente de la que desde hace años desarrolla de manera unificada la asamblea Ni Una Menos Córdoba. Nos encontramos, por primera vez, ante dos convocatorias con sentido político opuesto. Por un lado, la de un sector que viene a cristalizar su integración al gobierno y, por el otro, la de los sectores que defendemos la independencia política del movimiento de mujeres y diversidades sexuales.

Se trata de una ruptura impulsada por la Intersindical de Mujeres, un armado nacido en 2017 bajo el gobierno de Macri, que integran gremialistas de las mesas directivas de Luz y Fuerza, Suoem (municipales de la ciudad de Córdoba), Adiuc, Bancaria, Gráficos, Surbac, entre otros gremios ligados al kirchnerismo; así como también, Patria Grande y las burocracias del campo popular nucleadas en la Utep.

Esta nueva convocatoria fue gestada en reuniones clandestinas realizadas en la sede de Luz y Fuerza, y recién hace unos días se hizo público en las redes sociales su llamado a marchar hacia Tribunales bajo la consigna “Alerta Feminista”. La maniobra, que pretende confundir al movimiento cuando faltan escasos días para la jornada, contrasta notoriamente con la convocatoria que se viene construyendo desde hace semanas en sendas asambleas y acciones callejeras impulsadas por la asamblea Ni Una Menos, con la participación de familiares de víctimas de femicidio que se fueron acercando al calor de la escalada de violencia.

La necesidad de construir un paro efectivo y ganar las calles en una masiva movilización también dio curso a la elaboración de un documento único, con un claro contenido político de denuncia al Estado y a los gobiernos responsables. Asimismo, una proclama de exigencia a las centrales sindicales burocráticas para que habiliten las asambleas y convoquen al paro en los lugares de trabajo.

La consigna abstracta con la que pretenden quebrar y atacar la jornada de movilización estableciendo una nueva marcha hacia Tribunales no es vacía de contenido. Por el contrario, tiene el objetivo político de circunscribir la crisis de los femicidios a un déficit del sistema judicial, para rehuir el cuestionamiento al Estado, los gobiernos y a todo un régimen en jaque por el abandono, la complicidad e impunidad que involucra a todas sus instituciones. Sin mencionar la canallada de utilizar nuestras muertas como plataforma para la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández y que nada tiene que ver con los intereses y aspiraciones de las mujeres y la diversidad.

Un quiebre político anunciado

Esta fractura no es ninguna novedad en la medida de que el espacio que la promueve abandonó las asambleas y la lucha callejera durante todo el año 2020 escudándose en la pandemia, cuando las políticas ajustadoras sumergían a las mujeres en la extrema vulnerabilidad social y era necesario organizarse. En este cuadro, la convocatoria rupturista configura una verdadera provocación contra quienes nunca abandonamos la organización asamblearia y la movilización; pero también es la expresión de la derrota de un espacio que claudicó a cualquier debate político por su evidente integración al Estado.

La negativa a un cuestionamiento al gobierno de Alberto Fernández también alcanza toda denuncia al gobierno pejotista de Schiaretti, en la medida de que éste lleva adelante la misma línea ajustadora del gobierno nacional, que privilegia los acuerdos con acreedores internacionales y el pago de la deuda.

En efecto, durante el 2020 se profundizó el vaciamiento presupuestario y la precarización en todas las áreas destinadas a prevenir y asistir a las mujeres violentadas. Schiaretti utilizó la pandemia para imponer un brutal ajuste contra los trabajadores, que alcanzó especialmente a las mujeres y disidencias; recortó salarios; avaló e impuso centenares de despidos; acentuó la precarización laboral atacando los principales convenios colectivos de trabajo e impulsando la reforma del estatuto docente; llevó adelante lo que ningún gobierno pudo antes: el robo más grande de la historia a la Caja de Jubilaciones de la provincia. Todos estos ataques contaron con la pasividad de la burocracia sindical, incluida la intersindical de mujeres, que aisló las luchas y no convocó al paro provincial.

También en el campo territorial la postración es más que evidente. La pobreza y desocupación azotó principalmente a las mujeres en los barrios que salieron a las calles por los alimentos y las condiciones de seguridad e higiene, de infraestructura barrial para enfrentar los brotes de Covid. Las ocupaciones de tierras y la lucha por la vivienda digna las tuvo como principales protagonistas enfrentando los desalojos violentos y la criminalización. Mientras todo esto ocurría, la burocracia de las agrupaciones sociales y populares sostuvo un pacto social sellado sobre el hambre y la miseria del pueblo.

El triunfo de nuestras luchas depende de la independencia política del movimiento

La convocatoria a un 8 de marzo de lucha e independiente del Estado y las iglesias tendrá una cita de honor en Colón y Cañada a las 17 horas. Se trata de la convocatoria de quienes nunca abandonamos la calle. En ella estarán presentes las familiares de víctimas de femicidio, violencia y de trata, las madres protectoras contra el abuso sexual en las infancias y adolescencias. También estarán representadas las principales luchas que las mujeres y disidencias desatamos en los últimos años; las mujeres de los barrios contra los femicidios, la carestía y la desocupación, la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda digna; las trabajadoras de la docencia, de la salud, las de casas particulares, por los salarios, jubilaciones y contra el ajuste de todos los gobiernos; las pibas de la marea verde por la aplicación efectiva de la IVE y la ESI, contra oscurantismo y la injerencia clerical; las inmigrantes contra el DNU antimigratorio y discriminatorio sostenido por el gobierno de Alberto Fernández.

Este 8 de marzo digamos basta. Como impusimos el aborto legal, copemos las calles sin ataduras ni expectativa en el Estado y sus instituciones.