Hace dos semanas un aberrante caso de abuso sexual grupal en la ciudad de Córdoba nos conmocionó. Encontraron a B, una joven de 25 años, violada, golpeada y abandonada en las inmediaciones de Av. Circunvalación. La víctima ya había sufrido ataques previos desde 2018. Su familia era constantemente hostigada por los delincuentes. Habían radicado 28 denuncias a lo largo de este tiempo, sin actuación de la justicia. Recién con este ataque detuvieron a tres personas. La causa está en manos de la fiscal Alicia Chirino, quien también recibió la primera denuncia.

La joven permaneció internada durante 10 días. Tenía fractura de pelvis, cortes de arma blanca y mutilaciones. Además del shock traumático que le generó esta atrocidad, los médicos estiman que su recuperación llevará meses. Con todo esto, fue dada de alta y enviada a su domicilio sin custodia policial constante, pese a que los atacantes identificados por la familia viven en las inmediaciones de la casa, en barrio Las Palmas.

Si bien hay tres detenidos, serían nueve los que participaron de los abusos (ocho hombres y una mujer que actúa como “entregadora”). Además, se difundió que en este grupo hay personas con antecedentes de homicidio. Cabe remarcar que durante cuatro años la víctima sufrió al menos tres ataques sexuales: el primero en 2018, cuando B era amiga de una parte de este grupo; el segundo hace seis meses cuando fue interceptada en la vía pública, secuestrada y sometida; y el tercero que recientemente conocemos. Asimismo, la familia sufría hostigamientos constantes, al punto que le incendiaron la casa donde viven.

Cuando B denunció el primer hecho, indicó que se encontraba con quienes hasta ese momento eran sus amigos y fue drogada por una mujer mediante la bebida. Abusaron de ella durante su inconciencia, hasta que se despertó mientras era violada por el grupo de hombres. Desde entonces el calvario no tuvo fin. Tal es el amedrentamiento y la inacción de la justicia que, luego de sufrir el segundo ataque -donde también fue drogada mediante pinchazos en la espalda-, la joven no quiso denunciar por las consecuencias que le había generado hacerlo la primera vez.

En declaraciones a la prensa, la hermana de la víctima señaló que “una de las personas que estuvo presente en las tres violaciones le juró que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando, y creo que es lo que intentó hacer el domingo”, en referencia al último episodio de terror que padeció la joven. Hoy toda la familia teme por su seguridad, mientras que B depende directamente de ellos: “Ella no se puede mover, no habla y tenemos que alimentarla”, agregó su consanguínea. En tanto no habían recibido ningún tipo de asistencia por parte del “Polo de la Mujer”.

La familia demanda una consigna policial de manera permanente y que no esté a cargo de la comisaría del barrio, donde se evidencian vínculos entre los policías de la zona y varios involucrados. Sin embargo, la justicia resolvió que se dé “desde un radiofrecuencia y con algunos patrullajes”. Cabe señalar que las más de 20 denuncias que se radicaron en distintas unidades judiciales no se acumularon en un mismo expediente y ninguno de esos sumarios avanzó con imputaciones o investigaciones concretas.

Jessica, otra víctima, terminó muerta

Hace seis meses, también en la ciudad de Córdoba, Jessica de 30 años de edad fue abandonada en las puertas de un sanatorio, desde un auto, por dos hombres que pretendieron darse a la fuga. La mujer estaba sin signos vitales, drogada y ultrajada. Y aunque lograron reanimarla, horas después, sufrió un paro cardíaco y el posterior deceso. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Ernesto Aragón.

La mujer tenía moretones en la entrepierna, sangre en las uñas, semen en la ropa; así como un corte en la cabeza con un elemento punzante. También moretones y marcas en los brazos y las muñecas, que daban cuenta que había sido atada y forzada. Y en la casa de uno de los hombres (que luego fue allanada), se encontró sangre en las sábanas. Sin embargo, no hay detenidos ni imputados. La causa está caratulada como “Muerte de etiología dudosa”.

El hombre que horas antes retiró a Jessica de su domicilio era un prestamista; ella lo había contactado debido a la difícil situación económica que atravesaba, luego de haberse separado teniendo tres niños. El usurero solía financiar a la expareja de Jessica y hay unx testigo que escuchó cuando el malviviente le advirtió a él: “si vos no pagás, va a pagar tu mujer”. Además, en los mensajes que intercambió previamente con ella, primero la había condicionado para que lo “entregue”, pero Jessica se negó.

¿Qué une a los dos casos?

Uno de los tres hombres detenidos por el último ataque que recibió B es, además, uno de los responsables de la muerte de Jessica. Es decir que todo conduce a un grupo organizado para el delito que actúa con impunidad, con el encubrimiento del Estado, utilizando la violencia sexual para atemorizar y las drogas para reducir; arrojando a las mujeres como desechos. Y es sabido que detrás del negocio del narcotráfico, de la trata de personas y de la usura ilegal, siempre está la garantía del Estado para que funcionen.

Resulta inevitable pensar que si la justicia hubiera actuado desde la primera denuncia (2018), capaz el destino de B y Jessica era otro y se evitaban muchas de las vejaciones que se describieron. En estos casos se expresa lo más descompuesto de un régimen que tiene a fiscales como Alicia Chirino, con un sinnúmero de casos encajonados en un área sumamente sensible como los delitos contra la integridad sexual; y a la policía del barrio enroscada con las mafias, poniendo de relieve la más absoluta desprotección de las víctimas. Es el mismo régimen que tiene a fiscales como Paula Kelm, por ejemplo, cuya mayor expresión puede verse en el femicidio de Cecilia Basaldúa, que llegó al límite de meter dos años preso a un “perejil” para tapar, entre otras cosas, a los policías involucrados. Tenemos grupos criminales que forman parte del mismo Estado, como en el caso de Blas Correa, que resume toda la podredumbre del aparato policial.

No hay que engañarse, no es un fiscal, no es un policía, no es un área; es un Estado misógino y criminal, absolutamente comprometido con las mafias que operan. Y si queremos justicia por Jessica y por B, hay que conseguirla en las calles, con la movilización popular.