El caso de la niña de 11 años violada por su padrastro y obligada a continuar con su embarazo conmociona a Mendoza, una provincia que no adhirió bajo ningún gobierno (ni del PJ-FPV ni de Cambiemos) al protocolo de aborto no punible.

El gobernador Cornejo justificó que no era necesario iniciar un proceso de pedido de aplicación de aborto no punible porque en el “entorno familiar de la menor se descartó el pedido de aborto”; una condena estatal a ser madre a una niña ultrajada y que vive en condiciones de extrema pobreza.

Por un caso similar en Salta, el soldadito del aborto clandestino Juan Manuel Urtubey se vio obligado a decretar la adhesión al Protocolo de Aborto No Punible. 

El caso

La situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraba la niña embarazada y sus cuatro hermanos menores fue advertido por un audio de WhatssApp de la maestra de la menor: “Los chicos –de 1, 6, 8, 11 y 12 años– no tienen cuadernos, ni ropa, ni bombachitas, ni cartucheras, ni zapatillas, ni nada”. Como siempre, las trabajadoras de la educación son las primeras en advertir socialmente el fracaso del Estado en estos casos extremos –cabe destacar que se trata del sector de trabajadores más desprestigiado por el gobierno de Cornejo, que viene atacando con desfinanciamiento, techos salariales, ´ítem aula´ (presentismo) y ataques al convenio colectivo de trabajo. 

A partir de que se viralizara el pedido de ayuda extrema de la docente, intervino recién el Estado con el OAL (organismo de atención a la niñez), que ya cuenta en su haber con un prontuario nefasto de ineficacia ante los más desprotegidos. 

La madre de la menor y el padrastro se encuentran detenidos, y los menores se encuentran a cargo de la abuela en el departamento de Junín, en la zona este provincial. 

La estafa del gobierno

La propia vicegobernadora del radical Alfredo Cornejo, Laura Montero (del ala cobista del Ejecutivo provincial) sostuvo cínicamente que si la adhesión al protocolo de aborto no punible se realizase por decreto ella no tendría ningún tipo de objeción, cuando no ha hecho ningún movimiento para avanzar en ese sentido.

La ex ministra de Salud de la provincia, Claudia Najul –ahora diputada nacional– también se comprometió a avanzar en esa dirección; sin embargo, parece que continúa el amordazamiento que tuvo en la campaña electoral, para quedar reducida a un simple títere del gobernador. 

El gobierno de Cornejo estafa incluso a su electorado, ya que prometió en la campaña de 2015 que llevaría adelante esta medida, afirmando que “se debe respetar la ley existente, que es de competencia nacional y no provincial y adherir al protocolo nacional acerca del aborto no punible” (Unidiversidad, 19/12/17)

Un panorama que presenta al movimiento de mujeres mendocino la tarea de redoblar la movilización por esta reivindicación elemental.

En lucha

En la previa del 8M, en las asambleas de mujeres, el Plenario de Trabajadoras defendió y explicó por qué era necesario que la consigna central del movimiento de mujeres fuera “No al ajuste, sí al aborto legal”. Este caso es una muestra ejemplar de la combinación criminal del ajuste y la condena a la pobreza sobre las mujeres y niñas, por un lado, y la injerencia contra sus derechos del oscurantismo clerical -que se conserva en el poder al amparo de Cornejo y, en el sur de la provincia, de los hermanos Félix (FPV-PJ) que gobiernan la localidad de San Rafael desde los tiempos de la dictadura.

Los reclamos de adhesión al protocolo de aborto no punible, de legalización del aborto, de educación sexual integral laica y científica y de separación de la Iglesia del Estado se hicieron sentir fuertes en el Pañuelazo realizado hoy frente a la Casa de Gobierno de Mendoza. 

Preparemos una gran movilización hacia el 4J por Ni Una Menos, para ganar el protocolo de aborto no punible, la educación sexual y el aborto legal. Enfrentemos el ajuste del gobierno y la condena a la pobreza sobre la niñez.