Ana Clara es una mujer de 30 años de Esquina, Corrientes, madre de dos hijos, que estuvo presa por ocho meses tras tener un aborto espontaneo y hallarse el feto enterrado en el patio familiar, bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y alevosía. En el día de hoy fue absuelta. Bajo la campaña “Libertad a Ana Clara”, organizaciones de mujeres y DD.HH. venían exigiendo su absolución urgente, a través de un documento.

“Acudimos a la opinión pública y al Tribunal Oral Penal (TOP) a que juntos reflexionemos sobre las responsabilidades que caben a una sociedad que mira sin ver, a una justicia que juzga sin considerar los entornos y determinantes sociales, y a una ciencia psico-médica que no analiza lo que sucede a las personas gestantes”, señala el escrito. En tanto, en otro tramo del documento cuestionaron que la provincia de Corrientes “no reglamentó la educación sexual para niños y jóvenes en las escuelas o instituciones sociales y tampoco adhirió a la ley nacional de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), votada por amplia mayoría” en 2020 (Télam, 5/8).

La acusación

El juicio contra Ana comenzó el pasado lunes en el Tribunal Oral Penal de Goya; la mujer, que estuvo presa durante 8 meses, fue acusada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía. La urgencia obstétrica ocurrió la noche del 10 de noviembre del año pasado, cuando Ana tuvo un aborto involuntario en su casa, situación que su familia desconocía y días después el feto fue hallado semienterrado en el patio. Tras el hallazgo, fue detenida y está alojada desde entonces en la Comisaría de la Mujer de Esquina.

Tras su testimonio ante el Tribunal Oral Penal (TOC) de Goya en modalidad virtual, la abogada Soledad Deza expresó en diálogo con Télam que en el caso de Ana “hay pruebas que acreditan que no hubo un homicidio y hay pruebas que acreditan que hubo un aborto. No existe delito en la causa”.

Hace un año y medio, la marea verde conquistaba la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, luego de haber puesto en pie un poderoso movimiento de lucha que irradió a escala internacional. Fue una ley arrancada en las calles, con la toma de colegios y universidades en todo el país, en manifestaciones en los lugares de trabajo, en asambleas del movimiento piquetero combativo en los barrios, con paros, con movilización política y con lucha callejera. Una ley que se abrió curso enfrentando a todos los poderes del Estado con el método de la lucha popular, sin subordinarse a ningún gobierno.

A un año de la sanción, sin embargo, la efectiva aplicación de la ley aún debe defenderse en las calles. En nuestro país el procesamiento de Miranda Ruiz en Tartagal por haber garantizado una IVE -la única médica no “objetora” del norte salteño-, es el testimonio de la persecución que siguen sufriendo las y los trabajadores de la salud que garantizan derechos. La otra cara de la moneda es el bloqueo al acceso a este derecho en regiones enteras de nuestro país. Recordemos que Alberto Fernández introdujo la objeción por ideario institucional en la ley aprobada, que no obliga a los centros de salud a garantizar la práctica, sino a “derivar”, lo que puede significar trasladarse a otras provincias y muchos kilómetros de distancia (Prensa Obrera, 29/12/21).

Hacemos un fuerte llamado a desplegar nuevamente la fuerza de la marea verde para que se cumpla la ley por la que luchamos tantos años, para separar a las iglesias del Estado, para que no haya más niñas madres, ni ninguna mujer vejada cuando necesite abortar.